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El Estado Islámico continúa con Vida: Arremete contra Putin y Rusia en un Sangriento Atentado Terrorista

 

El atentado del viernes reivindicado por el Estado Islámico es el mayor ataque terrorista contra Rusia en casi veinte años.

 

Anoche, una sala de conciertos de Moscú se convirtió en un escenario de horror cuando varios hombres armados irrumpieron entre la multitud y abrieron fuego con armas automáticas. Decenas de personas murieron en el tiroteo, incluidos tres niños, dijo inicialmente el Ministerio de Salud ruso. 

 

El Comité de Investigación ruso afirmó que el número de muertos ha aumentado a 115, mientras que cientos de heridos están recibiendo tratamiento en 17 hospitales de la capital de Rusia.

 

Crocus City Hall

 

El lugar del atentado, el Crocus City Hall, está situado a unos 20 kilómetros al oeste del Kremlin e incluye un centro comercial y una sala de conferencias. Es uno de los lugares de entretenimiento más populares con una capacidad para 6.200 personas. Los medios de comunicación locales informaron que, justo antes del incidente, más de seis mil rusos habían acudido allí para asistir a un concierto del grupo de rock "Piknik".

 

La sala, inaugurada en 2009, ha acogido eventos multitudinarios, como cuando Donald Trump trajo el concurso de belleza Miss Universo a Rusia en 2013.

 

Disparos repetidos

 

El ataque Crocus City Hall comenzó el viernes por la tarde alrededor de las 20:00 hora local. El medio estatal RIA Novosti informó que al menos tres hombres vestidos de camuflaje irrumpieron en la sala disparando a quemarropa y lanzando bombas incendiarias. Según testigos presenciales citados por los medios rusos, los atacantes dispararon indiscriminadamente contra cualquiera que estuviera a su alcance. El asalto dejó la sala de conciertos envuelta en llamas y parte del techo se derrumbó, lo que provocó uno de los incidentes más mortíferos de la historia reciente de Rusia.

 

Pronto, aparecieron varios videos en las plataformas de redes sociales rusas. Un vídeo en Telegram mostraba a dos individuos armados entrando a la sala de conciertos. En otro vídeo, se veían cadáveres tirados en el suelo. Mientras tanto, un vídeo publicado por el comité de investigación de Rusia reveló que los atacantes estaban armados con rifles de asalto Kalashnikov, entre otras armas.

 

¿Cómo reaccionaron los funcionarios rusos?

 

El presidente recién reelegido, Vladimir Putin, no se dirigió a la nación inmediatamente sobre el incidente. Lo hizo al mediodía del sábado. Sin embargo, la vice primera ministra Tatyana Golikava ya había transmitido los deseos de Putin de una pronta recuperación a todos los heridos.

 

Los fiscales rusos han calificado el ataque de "acto de terrorismo" y han abierto una investigación penal. Aunque el Kremlin no culpó inmediatamente a nadie por el ataque, algunos altos funcionarios rusos rápidamente señalaron a Ucrania. "Si se establece que los terroristas del régimen de Kiev son los culpables... deben ser encontrados y destruidos sin piedad", escribió Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia en su canal Telegram. En respuesta, el gobierno de Ucrania rápidamente negó cualquier participación en el ataque.

 

Entonces, ¿quién estuvo detrás del ataque?

 

El llamado Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque a través de Telegram. Aunque la veracidad de la afirmación no está todavía comprobada, varios informes de los medios que citan a funcionarios estadounidenses dicen que Washington no tenía motivos para dudar de la afirmación del ISIS-K.

 

¿Qué es el ISIS-K?

 

El Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-K) es una rama del grupo yihadista con sede en Afganistán. Se trata de un antiguo término, Khorashan en inglés, para referirse a la región que incluiría partes de Irán, Turkmenistán y Afganistán.

 

Conocidos por su extrema brutalidad, se han atribuido la autoría de varios ataques en Afganistán y sus alrededores, incluido el asalto mortal a la embajada rusa en Kabul en 2022.

 

Búsqueda de los atacantes

 

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia declaró que el ataque terrorista en Crocus fue planeado meticulosamente y que se están realizando esfuerzos para descubrir todos los detalles, informó TASS. Según la declaración del FSB, "Las actividades de los organismos de inteligencia y de aplicación de la ley han dado lugar a la detención de 11 personas, incluidos los cuatro terroristas que participaron directamente en el ataque".

 

Los funcionarios rusos también anunciaron mayores medidas de seguridad en los aeropuertos y estaciones de tren de Moscú. El alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, canceló todos los eventos con público en la ciudad y se ordenó el cierre de teatros y museos durante el fin de semana.

 

Otros ataques terroristas contra Rusia

 

En 1999, la explosión de una bomba en un edificio de ocho pisos en el sureste de Moscú provocó la muerte de 118 personas. Rusia atribuyó el ataque a "terroristas", principalmente de la república musulmana de Chechenia, en el norte del Cáucaso.

 

En otro incidente, en 2002, más de 800 personas fueron tomadas como rehenes por rebeldes chechenos durante un musical en el teatro Dubrovka de Moscú. Tras un enfrentamiento de tres noches, 130 rehenes perdieron la vida. En 2004, terroristas chechenos emularon el secuestro en una escuela de Beslán con más de trescientos muertos. Además, en 2011, un atentado suicida se cobró la vida de 37 personas. El grupo Emirato del Cáucaso se atribuyó la responsabilidad de este ataque.

 

Al menos 133 muertos y 11 detenidos en el ataque terrorista en Moscú

 

Putin asegura que los autores del atentado, que se atribuyó el ISIS, intentaron huir hacia Ucrania y promete venganza: “El Gobierno identificará y castigará a todos los que prepararon el ataque terrorista”

 

El peor atentado en la historia reciente de Rusia, perpetrado el viernes por la noche en la región de Moscú, ha segado ya al menos 133 vidas. Y la cifra puede seguir subiendo, según han advertido las autoridades. El servicio secreto ruso (FSB) ha informado de la detención en la región de Briansk de 11 personas, cuatro de ellos acusados de ser los autores de la masacre en la sala de conciertos Crocus, que se ha atribuido una rama del autodenominado Estado Islámico (ISIS) que opera en Pakistán, Irán y Asia Central. En un corto discurso a la ciudadanía rusa este sábado, el presidente ruso, Vladímir Putin, que no ha hecho ninguna mención al ISIS, ha apuntado a un rastro de Ucrania, implicando en cierta forma en la masacre al país, como ya habían deslizado sus servicios secretos y los medios de la órbita del Kremlin. Kiev y los voluntarios rusos que luchan contra el Kremlin por la invasión a gran escala del país vecino han negado tajantemente su participación en el atentado. Estados Unidos, que avisó a Moscú del riesgo de ataques “extremistas” a través de los canales que sus servicios secretos mantienen abiertos, incide en que no hay razones para dudar del reclamo de autoría que ha hecho el ISIS.

 

 Putin ha prometido venganza. “Rusia identificará y castigará a todos los que prepararon el ataque terrorista”, ha declarado en su intervención televisada por todos los canales estatales medio día después de la matanza. Los cuatro “autores directos del ataque terrorista”, ha dicho, “intentaron esconderse y se movieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, se preparó una ventana en el lado ucranio para cruzar la frontera”, ha asegurado. El FSB no ha difundido pruebas de esa “ventana”. La frontera ruso-ucrania es hoy un lugar extremadamente militarizado y zona de guerra. Putin, que ha apuntado al “terrorismo internacional” como responsable del ataque y ha pedido la cooperación internacional de los Estados que “sinceramente” compartan el “dolor” de Rusia, ha comparado la tragedia del viernes “con las atrocidades nazis”, criminales a los que el presidente ruso equipara con el Gobierno ucranio de Volodímir Zelenski.

 

Antes de que hablara el jefe del Estado, otros responsables del país ya habían tratado de implicar a Kiev. “A manos de Occidente, Ucrania se ha convertido desde hace 10 años en un centro de propagación del terrorismo; los terroristas intentaron huir allí después del ataque”, aseguró la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova. El FSB también señaló hacia Kiev. “Después de cometer el acto terrorista, los delincuentes pretendían cruzar la frontera ruso-ucrania y tenían contactos relevantes en el lado ucranio”, ha manifestado la agencia de seguridad del Kremlin, el antiguo KGB, en un comunicado.

 

Aunque Putin aseguró que los terroristas se dirigían directamente a Ucrania, el embajador bielorruso en Rusia, Dmitri Krutói, dijo a la agencia Belta que sus fuerzas de seguridad se coordinaron con Moscú y evitaron el paso de los atacantes a su país. “La tarea principal de anoche era impedir que los terroristas cruzaran nuestra frontera común. Esta tarea se cumplió. Se introdujeron máximas medidas de seguridad”, declaró el diplomático.

 

Las autoridades de Kiev desmienten con rotundidad cualquier participación en un atentado cuyo número de víctimas mortales ha alcanzado ya 133. Los Servicios de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa ucranio han descartado cualquier vinculación de su país con el atentado en Rusia. El portavoz del GUR, Andriy Yusov, ha afirmado este sábado que las acusaciones rusas de la implicación ucrania en el ataque “son mentiras y un sinsentido”. “Las declaraciones del FSB están destinadas a la población directamente ignorante o zombi de Rusia”, ha añadido Yusov. El GUR aseguró el viernes que los atentados fueron orquestados por el Kremlin, y recordaron también las acusaciones por parte de la oposición a Putin en este mismo sentido que se produjeron en 1999 y en años posteriores sobre atentados chechenos, informa Cristian Segura.

 

Yusov, en declaraciones a los informativos de televisión estatales ucranios, ha reaccionado a la acusación de Putin asegurando que “no aguanta ninguna comprobación”. El portavoz del GUR ha recordado que la frontera entre Rusia y Ucrania está altamente controlada por el ejército ruso, por lo que cualquier intención de los terroristas de cruzarla es imposible: “No tienes que ser ningún experto en la materia. Hay una guerra a gran escala que dura más de dos años, las zonas fronterizas están saturadas de tropas enemigas, servicios secretos y fuerzas de seguridad. La línea de frontera está minada, hay controles de todo tipo, incluso de reconocimiento aéreo, por ambos bandos”, ha asegurado.

Una de las derivadas del atentado ha sido que el partido de Putin, Rusia Unida, se ha mostrado dispuesto a restaurar la pena de muerte, suspendida en el país desde los noventa. Su jefe en la Duma Estatal, Vladímir Vasíliev, ha manifestado que el castigo capital “será una decisión buena porque responderá a los deseos de la sociedad”.

 

El Ministerio del Interior ruso ha informado este sábado de que los cuatro hombres detenidos, acusados de ser los autores de la masacre, son todos ciudadanos extranjeros. Los medios Baza, Shot y Ostorodzhno, Novosti y también un diputado de la Duma Estatal han indicado que, de entre los 11 sospechosos de estar implicados en el atentado, al menos cinco son ciudadanos de Tayikistán. De hecho, han publicado las identidades, fotos incluidas, de los acusados de haber cometido uno de los mayores atentados en Rusia de este siglo. Según las informaciones filtradas, el coche de los supuestos atacantes ha sido interceptado en la región de Briansk, cerca de la frontera con Bielorrusia.

 

El atentado se produjo en el Crocus City Hall, en la ciudad de Krasnogorsk, a unos 25 kilómetros al noroeste de la capital. Un grupo de personas vestidas de camuflaje entraron al lugar con armas de asalto y abrieron fuego justo antes de comenzar el concierto del grupo Picnic, a las 20.00 (dos horas menos en España peninsular). Todas las entradas, 6.200, estaban vendidas y los vídeos del lugar reflejan el asesinato a bocajarro de algunos asistentes al intentar huir en un Renault Simbol. Los atacantes provocaron además un incendio en el centro de ocio que alberga la sala de conciertos.

 

El canal Shot ha publicado un vídeo donde uno de los supuestos atacantes es interrogado nada más ser detenido. “Disparé por dinero”, responde al ser preguntado qué hacía en el centro de ocio. Arrodillado, maniatado y temblando, afirma que recibió la propuesta del ataque a través de un mediador en Telegram. Según sus palabras, entrenaron un mes el atentado y les prometieron medio millón de rublos (unos 5.000 euros) “por matar gente”.

 

Según las fuentes de los canales Shot y Baza, los cinco sospechosos identificados son Muhammadsobir Fayzov (de 19 años, natural de Dusambé, la capital de Tayikistán, y herido y arrestado en su intento de huida), Shokhinjonn Safolzoda (21 años), Rustam Nazarov (29 años), Majmadrasul Nasridinov (37 años) y Rivozhidin Ismonov (51 años). Estaban registrados como residentes en las regiones rusas de Yaroslavl, Ivánovo y Samara. Otro supuesto terrorista más huyó con ellos, pero no ha sido identificado, según informaciones preliminares.

 

El Ministerio del Interior tayiko ha desmentido posteriormente que dos de sus ciudadanos señalados como presuntos terroristas hubieran participado en el ataque. Las autoridades de Dusambé han aclarado que Majmadrasul Nasridinov y Rivozhidin Ismonov se encuentran en el país centroasiático desde noviembre del año pasado. Otro de los acusados, Rustam Nazarom, demostró a la policía que había pasado el viernes en la ciudad rusa Samara, a unos 900 kilómetros al este de Moscú.

 

Tayikistán, fronteriza con Afganistán, es uno de los puntos calientes del terrorismo islámico para el espacio postsoviético. El Kremlin apoya militarmente a Dusambé para controlar las agrupaciones extremistas que cruzan aquella porosa frontera, y el riesgo de atentados es una preocupación que suele surgir en los encuentros de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la alternativa rusa a la OTAN. Además, Rusia se ha convertido en uno de los principales objetivos del ISIS por su apoyo tanto al Gobierno de Bachar el Asad en Siria como al movimiento talibán en Afganistán, tradicional aliado de otra facción extremista enemiga del ISIS, Al Qaeda.

Los servicios de inteligencia estadounidenses avisaron a Moscú hace dos semanas de que se preparaba “un ataque extremista” en eventos de masas en su territorio, incluidos conciertos. El portavoz del Consejo de Seguridad de EE UU, John Kirby, dijo el viernes que Washington no puede confirmar si el atentado de Moscú ha tenido relación con las informaciones que propiciaron su alerta. El Kremlin, que desdeñó esta advertencia como “un intento de atemorizar a la sociedad rusa”, ha pedido más datos a la Casa Blanca.

El diputado de la Duma Estatal Alexander Jinshtein ha revelado que el coche de los supuestos fugados fue interceptado a la altura del pueblo de Jatsun Karachevski, situado en la región de Briansk a más de 150 kilómetros tanto de la frontera bielorrusa como de la ucrania.

 

Persecución y disparos

 

Según los datos del político, el coche no acató la orden de parar de la policía y trató de escapar. Durante la persecución se produjeron disparos y el vehículo acabó volcando. Los agentes detuvieron a uno de los sospechosos en el acto, mientras que el resto de los presuntos terroristas intentó escapar hacia un bosque. Horas después, se supo que las autoridades rusas habían detenido a cuatro autores materiales del atentado. Dentro del vehículo había una pistola, un fusil automático y pasaportes de Tayikistán.

 

Las autoridades han restringido la circulación en la autovía M-3 dentro de Briansk y han declarado el plan de alerta Interceptación. Esta carretera, hoy partida por el frente y los puestos militares, unía Moscú con Kiev antes de la invasión de Ucrania.

 

El canal Shot ha publicado la supuesta cronología del ataque. Según sus fuentes, un Renault blanco se detuvo frente a la entrada de la sala de conciertos a las 19.55 horas de Moscú este viernes (dos horas menos en la España peninsular). El concierto del grupo Picnic comenzaba a las 20.00 con el aforo completo, unas 6.200 personas.

 

Los terroristas salieron del vehículo con armas de asalto y abrieron fuego contra los guardias y otras personas presentes en la recepción del edificio. Según Shot, a las 20.03 llegaron al auditorio y dispararon contra los espectadores. Además, prendieron fuego al lugar con varios contenedores de gasolina que portaban consigo. Finalmente, un Renault Simbol blanco con cuatro terroristas dentro salió del aparcamiento de la sala Crocus a las 20.13.

 

El canal Baza ha informado este sábado, antes de que se conociera que cuatro de los atacantes habían sido detenidos, del aviso que Moscú había enviado esta mañana a todos los departamentos de policía de la zona central de Rusia. “Los presuntos delincuentes pueden poseer armas y explosivos. Al proceder a los arrestos, los agentes de policía deben observar las medidas de seguridad personal. Todo el personal debe estar concentrado en la búsqueda de los sospechosos”, recoge el medio. Por el momento se desconoce el número exacto de atacantes que perpetraron el ataque del viernes, y cuántos de ellos han sido detenidos.

 

La comunidad internacional ha condenado de forma unánime el atentado de Moscú. Desde Naciones Unidas, la Unión Europea o la Unión Africana, pasando por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, China, la India o Japón, el rechazo ha sido contundente. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó “en los términos más fuertes posibles el ataque terrorista”, dijo su portavoz. En Europa, tanto el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, han usado palabras parecidas para condenar el, según la expresión de Michel, “horrible atentado terrorista”.

 

Vladimir Putin condena el atentado y clama venganza

 

En una alocución televisiva, el presidente ruso declaró luto nacional y dijo que los cuatro atacantes intentaron escapar hacia Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó este sábado (23.02.2024) el "bárbaro" atentado terrorista del viernes contra una sala de conciertos en las afueras de Moscú, donde murieron más de cien personas, y clamó venganza contra los que encargaron dicho ataque, que fue reivindicado por el Estado Islámico. "Todos los autores, organizadores y los que encargaron este crimen recibirán un merecido e inevitable castigo, sean quienes sean e independientemente de que los hayan enviado", dijo Putin.

 

En una alocución en televisión, Putin afirmó que los cuatro atacantes detenidos habían intentado huir a Ucrania, y prometió que todos los responsables serán "castigados". El FSB, los servicios de seguridad rusos, habían dicho poco antes que los terroristas habían estado "en contacto" con alguien en Ucrania. El presidente ruso no especuló sobre los autores intelectuales del atentado, aunque sí pareció señalar indirectamente a ese país.

 

"A los terroristas, asesinos y bestias, que no tienen ni pueden tener nacionalidad, les espera un funesto destino: venganza y olvido. No tienen futuro", comentó. Recordó que los rusos conocen de primera mano lo que es la amenaza terrorista, en clara alusión a los atentados perpetrados hace años por la guerrilla islamista del Cáucaso.

 

"Esperamos la cooperación con todos los países que comparten sinceramente nuestro dolor y están dispuestos en la práctica a aunar esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, el terrorismo internacional en todas sus manifestaciones", dijo. El líder ruso destacó que las autoridades han decidido reforzar las medidas antiterroristas en la capital del país y la adyacente región de Moscú, donde tuvo lugar el siniestro.

 

Además, anunció que el domingo será día de luto nacional por el mayor atentado terrorista sufrido por este país desde la matanza de Beslán, de 2004, que causó más de 300 muertos.

 

Once detenidos por el atentado en Moscú

 

El vehículo en el que huían se estrelló en Briansk y algunos escaparon inicialmente a pie a través del bosque, mientras la cifra de víctimas mortales se eleva a 115 y siguen llegando a Rusia muestras de solidaridad.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha detenido a once personas como sospechosos del atentado que ayer mató a más de sesenta personas en un concierto cerca de Moscú, capital de Rusia. Entre los detenidos se encuentran cuatro terroristas que participaron personalmente en el ataque, según informóel director del FSB, Alexandr Bórtnikov, al presidente ruso, Vladimir Putin, indica la agencia TASS .

 

Dos personas fueron detenidas en la región rusa de Briansk, había anunciado poco antes el legislador Alexander Khinshtein en Telegram. Según el diputado, el vehículo en el que huían se estrelló y los otros ocupantes escaparon a pie a través de un bosque cercano. Hombres armados vestidos de camuflaje irrumpieron ayer con armas automáticas  en un concierto de rock en el Crocus City Hall de las cercanías de Moscú y dispararon contra los asistentes, matando al menos a sesenta personas e hiriendo a 145 en un ataque reivindicado posteriormente por el Estado Islámico. Sin embargo, el último balance de víctimas eleva el recuento a 115 muertos.

Condenas unánimes

 

"Condenamos el horrible atentado contra gente inocente que visitaba un concierto. Nuestros pensamientos están con los allegados de las víctimas y con todos los heridos", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz, en su cuenta de twitter. "Estamos de duelo con las familias de las víctimas del atentado en Moscú. Gente inocente que sencillamente quería ir a un concierto fue asesinada a sangre fría. Condenamos el terrorismo cobarde en cualquier parte", dijo por su parte la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock. "Expresamos nuestras condolencias al pueblo en Rusia", agregó.

 

Desde la comunidad internacional siguen llegando muestras de solidaridad con Rusia después del atentado. Túnez también condenó "en los términos más enérgicos" el ataque, así como países como Japón o Irán, China o Hungría. "El Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán condena en los términos más enérgicos el reciente ataque terrorista en Moscú, Rusia, reivindicado por el EI y lo considera una flagrante violación de todos los estándares humanos", indicó asimismo en un comunicado los talibanes. El gobierno talibán pidió una actuación coordinada contra el grupo yihadista, dos días después de que Estado Islámico reivindicara también un ataque suicida en Afganistán que causó 23 muertos.


Donald Trump ha Amenazado a la OTAN, Durante un Eventual Nuevo Gobierno Suyo, con no Defender a Europa de Vladímir Putin y ha Desatado, Según su Costumbre, 

una Gran Polémica en Bruselas

 

Después del escándalo provocado en Estados Unidos por las revelaciones del fiscal Robert Hur sobre los problemas de memoria del presidente Joe Biden, el más que probable contrincante del demócrata en las próximas elecciones presidenciales, Donald Trump, continúa manteniendo su tono duro y su rosario de declaraciones polémicas. En esta ocasión, sobre la financiación de la OTAN, uno de los temas que más le obsesionan, como dejó claro al contar una supuesta anécdota de su presidencia durante un acto de campaña celebrado este sábado en Conway (Carolina del Sur).

 

«Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿nos protegerá?'», contó Trump, sin revelar el nombre de su presunto interlocutor. «No, no les protegería. De hecho, animaría [a Rusia] a hacer lo que le dé la gana. Deben pagar sus deudas», le respondió el magnate, según su versión. «La OTAN estaba destruida hasta que aparecí», concluyó.

Cuando era presidente, Trump también lanzó acusaciones similares, criticando a los países que incumplen sus compromisos con la Alianza Atlántica. Sin embargo, la gravedad de sus últimas declaraciones es notable, pues se producen en plena invasión rusa de Ucrania y en un momento en el que varios países cercanos a la zona de conflicto se sienten amenazados por la proximidad de las tropas del Kremlin a sus fronteras.

 

Giro diplomático

 

Además, si finalmente llega a producirse, es más que probable que el regreso de Trump a la Casa Blanca se traduzca en una política exterior que cambie el posicionamiento de Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania, como se ha podido deducir de algunas palabras del republicano, que ha llegado a afirmar que es capaz de detener el conflicto en 24 horas.

 

En ese sentido, la afirmación de Trump tiene otro fondo conflictivo, como recordaba la CNN, y es que rechaza la cláusula de defensa mutua entre miembros que se encuentra entre los principios de la OTAN. Por otro lado, explicaba en ABC el periodista F.J. Calero, la Alianza estableció en la Cumbre de Praga de 2002 que los países miembro gastaran alrededor de un 2% de su PIB en capacidades de defensa, pero, por el momento, se trata de un porcentaje orientativo, y no de una obligación, según la CNN.

 

La Casa Blanca reaccionó con preocupación a las afirmaciones de Trump

 

Por su parte, la Casa Blanca expresó su rechazo a las afirmaciones del expresidente. Lo hizo a través de su portavoz Andrew Bates, que mostró su profunda preocupación: «Alentar las invasiones de nuestros aliados más cercanos por regímenes asesinos es espantoso y desquiciado, y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad mundial y nuestra economía nacional».

 

Stoltenberg: declaraciones de Trump dañan la seguridad común

 

El secretario general de la OTAN reaccionó a las afirmaciones la víspera del expresidente estadounidense en las que insinuaba que Estados Unidos podría no salir en defensa de miembros que no contribuyan lo suficiente.

 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó el domingo (11.02.2024) las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de dejar de defender a los países de la Alianza que no destinen suficiente dinero a la defensa colectiva. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad de todos, incluida la de Estados Unidos, y expone a los soldados estadounidenses y europeos a un riesgo mayor", declaró Stoltenberg en un comunicado de prensa.

 

Stoltenberg remarcó, no obstante, que la OTAN "sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados" y advirtió de que "cualquier ataque" contra alguno de sus miembros "será respondido con una respuesta unida y contundente", siguiendo el principio de defensa colectiva que recoge el artículo 5 del Tratado Atlántico. Y mostró su deseo de que los Estados Unidos "sigan siendo un aliado fuerte y comprometido" de la OTAN "independientemente de quién gane las elecciones presidenciales" que el país celebrará en noviembre de este 2024, y para las cuales Trump aspira a ser de nuevo el candidato del Partido Republicano.

 

Durante un acto de campaña en Carolina del Sur el sábado, Trump amenazó con que no defendería a los países que no contribuyen lo suficiente con la Alianza y que incluso alentaría a Rusia a atacarlos. Trump reprocha a menudo a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que no financian lo suficiente la defensa colectiva del bloque al no alcanzar el compromiso de destinar el 2 % de su PIB en gasto militar, algo que ya hacía cuando era presidente.

 

El exmandatario estadounidense dijo que, ante un eventual ataque ruso a alguno de los países que no cumplen con este objetivo, si él fuese presidente no sólo se negaría a protegerles, sino que "animaría" a Rusia a "hacer lo que le diese la gana" con ellos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también acusó este domingo a Trump de "servir a los intereses" del mandatario ruso, Vladímir Putin, y de no traer "ni más seguridad ni más paz al mundo" con estas declaraciones.

 

¿Por qué Trump está obsesionado con la regla del 2% de la OTAN?

 

En la Cumbre de Praga de 2002, la Alianza Atlántica acordó que sería una buena idea que todos los aliados gastaran aproximadamente el 2% de su PIB nacional en sus capacidades de defensa

 

Los ecos del «America First» atenazan ahora al principal garante de la seguridad occidental: la Alianza Atlántica (OTAN) . Entre los focos y la polémica sobre la tímida afluencia de simpatizantes a la toma de posesión del 45º presidente de EE.UU. en comparación con la de su predecesor, Barack Obama, Trump insistió en su anuncio de aislar del mundo a la superpotencia para priorizar sus esfuerzos en «hacer a Estados Unidos grande otra vez». A partir de entonces, el presidente de EE.UU. empezó a pedir a sus tradicionales socios europeos, especialmente a Alemania, que «pagaran las facturas» (una coletilla que ha repetido varias veces) de la Alianza Atlántica, epítome (a juicio de Trump) de la «histórica injusticia» del resto de Occidente con Washington: proteger al mundo a cambio de casi nada. La última polémica llegó ayer con el cruce de declaraciones entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el propio Trump ante el inicio de la cumbre en Bruselas. «Estados Unidos no tiene demasiados aliados y debería de apreciar los que tiene», afirmó el dirigente polaco. Como era de esperar, Trump no se amilanó y respondió vía Twitter y con su peculiar estilo: «Los países de la OTAN deben pagar más, los Estados Unidos deben pagar menos. ¡Muy injusto!».

 

Trump pedirá a los socios europeos que paguen el 150% del coste de las bases

En Europa, quien más se vería afectada por la nueva exigencia de Trump sería Alemania, que alberga a 32.000 de los 70.000 soldados norteamericanos

 

Donald Trump planea exigir a los gobiernos de países aliados donde EE.UU. tiene tropas, incluida España, que paguen el coste de mantener las bases militares más una prima del 50%, según han revelado altos funcionarios de la Casa Blanca que han participado en el diseño de un plan al que ya se conoce oficiosamente como «Coste más 50». El gobierno norteamericano considera que, de este modo, forzará a los aliados de la OTAN a avanzar hacia el objetivo de invertir un 2% en defensa.

 

España cuenta con dos instalaciones militares norteamericanas. En la base naval de Rota (Cádiz) hay un máximo de 4.250 uniformados y 1.000 civiles, además de 36 aeronaves de reconocimiento y cuatro destructores dotados del sistema Aegis de detección, seguimiento y derribo de misiles balísticos. En la base aérea de Morón (Sevilla) prestan servicio un máximo de 2.220 militares —en buena parte marines—, 500 funcionarios y 36 aeronaves, incluidos varios V-22 Osprey y Super Hercules para repostaje en vuelo.

 

Según el embajador norteamericano ante la Unión Europea, «a los contribuyentes norteamericanos se les pide financiar a la OTAN y las necesidades de defensa de Europa, y lo hacen de buena gana, pero lo único que piden a cambio es que la UE sea razonable en su propio gasto militar». El objetivo acordado por los socios de la OTAN es invertir el 2% del PIB en defensa antes de 2024, y España es uno de los que menos cumple, con un 0,93%, según un informe de la Alianza Atlántica. De los 29 socios, sólo Letonia, Reino Unido, Estonia, Grecia y EE.UU. llegan al 2%.

 

Depender menos de EE.UU.

 

En Europa, quien más se vería afectada por la nueva exigencia de Trump sería Alemania , que alberga a 32.000 de los 70.000 soldados norteamericanos destinados en el continente. La base alemana de Ramstein es una de los principales centros de logística y preparación de las intervenciones militares estadounidenses en el norte de África y Oriente Próximo; en el hospital militar de Landstuhl reciben tratamiento casi todos los uniformados heridos en las guerras de Afganistán, Irak y Siria, y en ese país tiene además su sede el Comando África del Pentágono.

 

Desde que llegó a la Casa Blanca hace dos años, Trump se ha marcado como objetivo que sus socios aumenten el gasto en defensa para depender menos de EE.UU. Su determinación casi obliga a replegar los 28.500 soldados norteamericanos que prestan servicio en Corea del Sur , hasta que el gobierno del país asiático aceptó pagar casi mil millones de euros en 2019 y ambos países firmaron un acuerdo «in extremis» el viernes.

 

Esta fijación de Trump ha causado incomodidad tanto en el Pentágono como entre las filas de los partidos Demócrata y Republicano, ya que las bases norteamericanas en el extranjero no sólo sirven para defender a los aliados, sino también para operaciones de contención de los grandes adversarios de EE.UU., en especial Rusia, China, Corea del Norte e Irán. «Las tropas norteamericanas no son fichas con las que jugar de forma irresponsable», según la senadora demócrata Tammy Duckworth, que fue teniente coronel en el Ejército antes de pasar a la política.

 

Fue durante las negociaciones sobre la presencia de las tropas norteamericanas en Corea del Sur cuando Trump le pidió al asesor de Seguridad Nacional, John Bolton , que ideara un plan de «coste más 50%». La cifra final acordada con el Gobierno coreano para 2019 está muy por debajo de ese objetivo final. Varios funcionarios de la Casa Blanca han informado en días recientes de estos planes a medios de comunicación de los países afectados. La agencia Bloomberg fue la primera en informar el viernes de que la propuesta final está casi acabada.

 

«Impracticable», según España

 

Fuentes diplomáticas españolas, que pidieron anonimato porque no han recibido aviso de estos planes, dijeron que el pago del 150% del coste de mantener las bases americanas es «desproporcionado e impracticable, sobre todo teniendo en cuenta que tanto España como Italia alojan a marines que se movilizan para defender embajadas e intereses norteamericanos en África, no en Europa».

 

Hay, sin embargo, naciones europeas dispuestas a ofrecer compensaciones a cambio de tener una presencia permanente norteamericana dentro de sus fronteras, sobre todo los antiguos satélites soviéticos. El Gobierno de Polonia, por ejemplo, ha ofrecido a la Casa Blanca 2.000 millones de euros si construye una nueva base militar en el país. Allí ya hay 4.000 soldados norteamericanos, en su mayoría en destacamentos de la Armada y la Fuerza Aérea cerca del enclave ruso de Kaliningrado. EE.UU. mantiene sus planes de instalar un sistema de defensa de misiles en Polonia, Rumanía y navíos en el Atlántico.

 

Según dijo en un comunicado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis, «que los aliados aumenten su inversión de defensa colectiva y que participen en un reparto equitativo de los costes ha sido un objetivo de EE.UU. desde hace tiempo». De todos modos, Marquis rechaza confirmar o desmentir «deliberaciones que no han concluido».

 

Según Bloomberg, que ha obtenido más detalles de estos planes, la Casa Blanca podría ofrecer descuentos a aquellos países cuyas políticas estén alineadas con las de EE.UU. Entre los costes que se podrían facturar a los aliados están los salarios de los soldados y el mantenimiento y repostaje de aeronaves y navíos.

 

¿Está Europa preparada para una reelección de Trump?

 

En Estados Unidos, parece cada vez más probable que la carrera presidencial se decidirá entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cuán preparados están Berlín y Bruselas?

 

Después de la victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones preliminares en New Hampshire, aumentan las probabilidades de que se convierta en el candidato presidencial de los republicanos para los comicios de noviembre de 2024.

No solo las encuestas vaticinan posibilidades reales de que Trump reconquiste la Casa Blanca. Al margen del Foro Económico Mundial, en Davos, políticos y jefes de empresas señalaron al New York Times que la élite mundial ya cuenta con una victoria del magnate republicano.

 

Ante este escenario, aumentan en Europa las voces que advierten de un regreso de Trump: en una entrevista con el medio France 2, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, calificó una posible victoria electoral de Trump como una "clara amenaza" para Europa.

 

Asimismo, en un discurso ante del Parlamento Europeo, a mediados de enero, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que Europa estará más sola que nunca, en caso de que, en 2024, regrese con Trump el lema de "Estados Unidos primero".

Fortalecer las capacidades militares y la economía

 

¿Cómo puede Europa prepararse para un escenario Trump 2.0? "Europa debe convertirse en un actor fuerte, a nivel militar" y ser capaz de ocuparse de las cuestiones de seguridad en su propio vecindario, dice a DW Sudha David-Wilp, directora de la oficina berlinesa del German Marshall Fund.

 

Además, insiste, Europa debe fortalecerse económicamente para prepararse ante posibles medidas proteccionistas en una segunda administración de Trump.

 

Por su parte, el portavoz de la política exterior de la fracción parlamentaria conservadora CDU/CSU, Jürgen Hardt, teme que Alemania no esté bien preparada: "En los últimos tres años, no hicimos lo suficiente para ayudar a Joe Biden a demostrar que su estilo cooperativo con Europa es más exitoso que el estilo confrontativo de Trump",  insiste.

 

"No intentamos desarrollar una estrategia conjunta para China, ni cumplimos los acuerdos respecto a los gastos en defensa. Tan solo bajo la presión de la guerra en Ucrania nos movimos", agrega el diputado Hardt.

 

Sobre todo, en relación con Ucrania, los temores ante una segunda administración de Trump son grandes. Las declaraciones del precandidato sobre si pondrá fin a la guerra y las ayuda son contradictorias. 

 

Sudha David-Wilp cree que, independientemente de quien gane en noviembre, la mayoría de los estadounidenses están convencidos de que Europa debería asumir una mayor carga en relación con la ayuda militar y la reconstrucción de Ucrania, puesto que el país se encuentra en el continente europeo.

 

Relación problemática con la OTAN

 

En las capitales europeas, también preocupa la relación de Trump con la OTAN. Durante su primera administración, a duras penas fue posible evitar que abandonara la alianza militar.

 

En enero, Trump dijo a medios que solo apoyaría militarmente a aliados europeos de la OTAN que "traten adecuadamente" a Estados Unidos. "La OTAN se ha aprovechado de nuestro país. Los países europeos se han beneficiado de ello", sostuvo.

En opinión de Josef Braml, experto en política estadounidense, Trump ve a Europa como una enemiga, por lo que Europa debe presentarse como un actor unido.

 

Braml apuesta por el dinero a fin de unificar los diferentes intereses en el Viejo Continente: cree que es necesario contraer deudas conjuntas, apoyar financieramente a los países individuales e imponerles condiciones a cambio.

Preocupa la defensa nuclear

 

El experto argumenta que un fondo de deuda europeo también serviría para pagar una defensa propia, en caso de que Donald Trump decidiera retirarle a Europa el escudo nuclear. En opinión del político alemán Hardt, esto obligaría a Europa a pensar en ampliar su arsenal nuclear.

 

Una posible reelección de Trump no solo pondría a prueba las relaciones transatlánticas, sino también la solidaridad de Europa.


Fiscal General de Guatemala Pide Anular las Pasadas Elecciones Nacionales. Es el Golpe de Estado en su Máxima Expresión

 

La Fiscalía de Guatemala pidió anular las elecciones que ganó el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, debido a unas supuestas "irregularidades" en el recuento de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A poco menos de un mes de que Arévalo asuma la Presidencia del país centroamericano el 14 de enero de 2024, Guatemala se ha enfrascado en un nuevo culebrón judicial que ha sido tachado ya por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por la Unión Europea como un "intento de golpe de Estado" encabezado por fiscales con "motivaciones políticas."

 

En similares términos se ha expresado el presidente electo, quien ha denunciado que "estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso contra Guatemala" en el que "los golpistas que ocupan el Ministerio Público están dando patadas de ahogado embistiendo contra las elecciones", con el objetivo de "destruir el régimen democrático y acabar con el derecho básico de los guatemaltecos a vivir en libertad y escoger a las personas que deben gobernar".

 

En una extensa conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, incluido en la Lista Engel de EEUU de actores corruptos y antidemocráticos, justificó su petición para anular los comicios del 25 de junio y del 20 de agosto en la existencia de "actas tachadas, otras donde no hay firmas de la Junta Receptora de Votos y otras donde hay más votantes que papeletas".

 

Sin embargo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, ha hecho oídos sordos a esta petición, tras recordar que los resultados de las elecciones están "validados, oficializados y son inalterables", tanto en lo que hace referencia al binomio presidencial, como a las 340 Corporaciones Municipales, los diputados del Congreso y del Parlamento Centroamericano.

"Nuestro presidente es Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta es Karin Herrera, a quienes ya hemos emitido las credenciales", recalcó, al tiempo que manifestó que el TSE no tendría ninguna facultad para anular los comicios, "salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad que nos pueda decir a nosotros que podemos anular una elección".

 

Por tanto, quiso dejar claro que el 14 de enero tomarán posesión de su cargo tanto Arévalo como Herrera, así como los diputados del Congreso y del Parlacen, mientras que el 15 de enero será el turno de las Corporaciones Municipales. En caso de que algo lo impida, advirtió de que habría un "rompimiento del orden constitucional" o lo que es lo mismo un "golpe de Estado".

 

"ILEGALIDADES" DETECTADAS POR LA FISCALÍA

 

Concretamente, la fiscal de la FECI Leonor Morales detalló que dentro de las "ilegalidades" cometidas en el proceso electoral destaca que el formato del acta número 4 o acta final de cierre de escrutinios "no fue aprobado por el Pleno de Magistrados del TSE, por lo que son nulas de pleno derecho para los comicios a la Presidencia y Vicepresidencia, diputados al Congreso por el listado nacional, diputados al Congreso por Distrito Electoral, Corporaciones Municipales y diputados al Parlacen".

 

"Estas actas no fueron autorizadas por el TSE, que no podía aceptar el uso ilegal de formatos no no oficiales", resaltó, a la vez que dijo que "tal circunstancia dio lugar a la arbitrariedad de que cualquier persona interesada podía alterar los resultados a su voluntad al no haber un control de la autenticidad de los formatos autorizados".

 

Asimismo, Morales señaló que también existió una "precarga ilegal de datos al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del TSE", en la primera vuelta celebrada el 25 de junio, cuando, según reveló, se introdujeron datos de los votos antes incluso de que cerraran los colegios electorales a las 18.00 horas". Concretamente, indicó que se subieron al sistema 1.453 actas antes de que concluyeran las votaciones, por lo que fueron "fraudulentas y no representan la voluntad popular".

 

En este sentido, Curruchiche precisó que "nos referimos a todo el proceso electoral", de modo que se preguntó "qué certeza pueden tener los datos que se consignaron en el documento 4 cuando el TSE emite antes del decreto de convocatoria de elecciones un acuerdo, que es el 50-2023, y que establece un formato del documento 4". Sin embargo, apuntó que "cuando ya estas empresas imprimieron este documento, es otro formato similar al que se utilizó en los comicios de 2019".

 

"DEBERÍAN ANULARSE LAS ELECCIONES"

 

"¿Qué certeza pueden tener los datos si no fue un formato autorizado por el Pleno de Magistrados?, cuestionó el fiscal, quien incidió en que "desde nuestro punto de vista, deberían anularse las elecciones y esta información penal la vamos a presentar al TSE para que la puedan analizar en los próximos días", teniendo en cuenta que toda esta investigación "no afecta a un partido o a un candidato en particular, sino que fueron afectadas todas las formaciones y candidatos de todas las elecciones".

 

Por otra parte, Leonor Morales detalló que de forma "ilegal, personas dedicadas a la informática introdujeron datos al sistema que contenían supuestos votos y existen indicios racionales suficientes para presumir que esos actos fueron cometidos con conocimiento y complicidad del TSE", con el fin de "alterar los datos reales sobre los votos emitidos por los ciudadanos".


Los Judíos se Están Matando entre Ellos

 

Tres Rehenes de Hamás que Llevaban Banderas Blancas fueron Ultimados por el Ejército Israelí de todas Maneras

 

Tel Aviv anuncia el inicio de una investigación para esclarecer los hechos, que han causado tensiones entre los familiares de los que todavía siguen en manos de Hamás. 

 

Israel ha anunciado el comienzo de una investigación sobre la muerte de los tres rehenes en Gaza que, según el Ejército, habían sido identificados «por error» como una amenaza. 

 

El incidente, que ha provocado protestas en Tel Aviv, puede dañar seriamente la imagen de las tropas, sobre todo después de conocerse los últimos detalles de los hechos. Según un portavoz del Ejército a partir de un informe inicial de la investigación, los jóvenes muertos sostenían en el momento en el que fueron abatidos una bandera blanca.

 

Las víctimas, Yotam Haim (28 años), Alon Shamriz (26) y Samer El Talalqa (25), murieron durante las operaciones militares contra Hamás en un barrio de Ciudad de Gaza, según el Ejército.

Identificados por error

 

El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, explicó que, durante combates en Ciudad de Gaza, las tropas «identificaron por error a tres rehenes israelíes como una amenaza y como resultado, se disparó contra ellos». «Los tres iban sin camiseta y con un palo con una tela blanca encima. El soldado se sintió amenazado y abrió fuego. Según su declaración, entendió que eran terroristas, abrieron fuego y dos murieron en el acto», ha explicado el oficial.

 

El tercer rehén resultó herido y buscó refugio en un edificio aledaño pidiendo auxilio en hebreo, ha añadido. En ese momento, según la versión del portavoz israelí, el comandante del batallón ordenó un alto al fuego sin éxito y el tercer rehén terminó siendo disparado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó la muerte de los rehenes como una «tragedia insoportable», que sume a «todo el Estado de Israel en un duelo».

 

En Estados Unidos, la Casa Blanca calificaba los hechos de «error trágico». Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, afirmaba, en declaraciones a la cadena CNN: «Es desgarrador. Es trágica esta noticia que sale hoy de Gaza sobre la muerte de estos rehenes durante una redada». Después, en una rueda de prensa, Kirby hacía hincapié en la necesidad de continuar las conversaciones con los israelíes, «en particular con las FDI, sobre cómo ser precisos, cuidadosos, cautelosos, específicos y, una vez más, conscientes de la carga de asegurarse de que no maten a civiles inocentes».

 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la muerte de los rehenes como una «tragedia insoportable»

 

Poco después del anuncio del Ejército, los familiares de los rehenes desfilaron con fotos de los cautivos delante del Ministerio de Defensa en Tel Aviv para pedir un acuerdo inmediato para su liberación. «Todos los días muere un rehén», rezaba una pancarta. «La única manera de liberar a los rehenes vivos es la negociación», declaró Motti Direktor, un manifestante de 66 años. «Me estoy muriendo de miedo. Exigimos un acuerdo ya», declaró Merav Svirsky, cuyo hermano Itay Svirsky está cautivo en Gaza.

 

En respuesta a los atentados del pasado 7 de octubre, Israel prometió «aniquilar» a Hamás e inició una ofensiva en la Franja de Gaza, que se extiende ahora a todo el territorio, incluido el sur donde se hacinan cientos de miles de civiles desplazados. Los bombardeos israelíes han causado al menos 18.800 muertos, un 70% de ellos mujeres, niños y adolescentes, según un último balance del Ministerio de Salud de Hamás.


Finalmente: RUSIA ATACA A UCRANIA.

 

Ejército Ruso con la Orden Expresa de Masacrar a Mansalva. Dictador Putin Amenaza a Quienes tengan Intención de Defender a los Ucranianos

 

Putin advierte de que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto. Zelenski declara la ley marcial ante la ofensiva que llega por distintos puntos del país. Una decena de ciudades ucranias, bajo agresión militar con un balance hasta ahora de 40 muertos Vladímir Putin ha llegado a un punto de no retorno. Pocos minutos antes de las 6.00 de este jueves, hora de Moscú, una hora antes en Ucrania y las 4.00 en la España peninsular, el presidente ruso ha anunciado una “operación militar especial” en el Donbás. Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registraron grandes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Járkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa; incluso en Kiev, la capital. Por tierra, mar y aire. Por el este, el sur y el norte. Con bombardeos de artillería, equipo pesado y armas pequeñas, las tropas rusas lanzaron ataques en distintos puntos del país, con un balance estimado de 40 soldados ucranios muertos y decenas de heridos, hasta el momento, según Kiev. Moscú no habla de bajas.

 

El Ministerio del Interior ucranio ha informado de que tropas rusas han aterrizado en la ciudad portuaria de Odessa y han cruzado la frontera en varios puntos del país. También, según fuentes de Interior, están haciendo incursiones desde la península ucrania de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014. En la capital, los ataques con misiles buscaban alcanzar aviones de combate ucranios, estacionados en un aeropuerto a las afueras de la ciudad de 2,8 millones de habitantes, donde algunas personas se apresuraron a protegerse en alguno de los refugios antiaéreos habilitados o en el metro. Las tropas rusas han cruzado también el punto fronterizo de Vilcha, entre Bielorrusia y Ucrania, situado en la región de Kiev y a 150 kilómetros de la capital.

 

La “operación militar” de Putin que, según el líder ruso, busca desmilitarizar pero “no ocupar” Ucrania y que aseguró que no se dirigía contra civiles sino para proteger a las personas de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, toma color de una invasión a gran escala. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, se ha apresurado a declarar la ley marcial y a cerrar el espacio aéreo del país. “El ejército está trabajando. Sin pánico. Somos fuertes. Estamos listos para todo. Derrotaremos a todos”, dijo. Se han registrado duros combates en varios puntos de la línea del frente de 400 kilómetros de largo en el este del país, en la zona del Donbás, en la que desde hace casi siete años y pese a los acuerdos de alto el fuego se han enfrentado los secesionistas prorrusos apoyados por el Kremlin y el ejército ucranio, en luchas de trincheras y francotiradores.

 

En un mensaje que elevó todavía más las alarmas de la escala de los ataques rusos y los planes de Putin, el presidente Zelenski aseguró en la tarde de este jueves que fuerzas rusas están tratando de capturar el perímetro de exclusión en torno a la central nuclear de Chernóbil, que en 1986 protagonizó la mayor catástrofe nuclear de la historia, en 1986 y donde se encuentra, cubierto con un sarcófago, el siniestrado reactor 4. El Gobierno ucranio reforzó hace unas semanas las patrullas en esa zona altamente contaminada ya que está en la ruta más corta en caso de incursión de Moscú desde Bielorrusia. “Nuestros defensores están dando la vida para que no se repita la tragedia de 1986″, dijo Zelenski en las redes sociales. “Esta es una declaración de guerra contra toda Europa”, recalcó.

 

Por la mañana, una serie rápida y furiosa de ataques ya apuntaban que la operación iba a ser intensa. El servicio de emergencia estatal de Ucrania asegura que, en solo una hora, se lanzaron ataques contra 10 localidades del país, principalmente en el este y sur. Además, el Gobierno ha confirmado que las tropas rusas han tratando de penetrar también por las fronteras del noreste del territorio, en concreto por la región de Chernihiv, en la linde con Bielorrusia, cuyo líder autoritario, Alexander Lukashenko, ya se ha plegado a Moscú. Kiev asegura que ha conseguido repeler el ataque y mantener el control de Chernihiv —una de las rutas más cortas para alcanzar la capital— y otras ciudades clave. Putin desplegó en Bielorrusia 30.000 soldados a principio de mes para hacer unas maniobras conjuntas que, unidas a la concentración de decenas de miles de soldados en las fronteras del Este de Ucrania, elevaron la alarma internacional y agitaron el fantasma de una posible invasión. Ese fantasma ya es real.

 

La agresión se salda por ahora con un balance de 40 víctimas mortales, según Kiev. Además, el comando militar ucraniano aseguró que un ataque ruso alcanzó el hospital de Vuhledar, en la región de Donetsk, en la parte controlada por el Gobierno. No se ha podido verificar el número de heridos o fallecidos. “Llega constantemente información sobre los ataques”, ha informado en una nota la agencia gubernamental. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado, por su parte, que está utilizando “armas de alta precisión” para inutilizar la infraestructura militar, las instalaciones de defensa aérea, los aeródromos militares y los aviones del Ejército ucranio, según la agencia estatal rusa RIA.

 

Putin, que ha agitado durante meses el argumento de que el de Kiev es un “régimen nazi” que discrimina a los rusoparlantes y que los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk están sufriendo un “genocidio”, ha afirmado en su anuncio que la agresión militar es para “defender y proteger” a la ciudadanía. “Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también por llevar ante la justicia a aquellos que cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles, incluidos ciudadanos de Rusia”, ha dicho el presidente ruso, con gesto serio, en un mensaje de vídeo en el que se le ve flanqueado por dos banderas de su país.

 

La agencia rusa Interfax también reportó explosiones en las zonas de Donetsk y Lugansk, bajo control de los separatistas prorrusos, que, alimentados por el Kremlin, llevan ocho años luchando contra el Ejército ucranio en una guerra que ha segado ya 14.000 vidas. Una nueva guerra caliente en la zona sería devastadora. Una intervención a gran escala en todo el país, catastrófica.

 

El lunes, después de un feroz discurso en el que cuestionó la soberanía de Ucrania, que considera un país ficticio, fruto de costurones históricos y diplomáticos, Putin firmó el reconocimiento de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Acto seguido, como recogía el decreto, ordenó el envío de tropas a los dos territorios secesionistas, que controlan solo un tercio del territorio del Donbás, que reclaman con el aval de Putin.

 

El líder ruso aseguró en la madrugada de este jueves que tomó la decisión del envío de tropas tras recibir una petición de ayuda de los líderes de los territorios separatistas en el este de Ucrania. Y al anunciar la operación militar advirtió: “Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia”. “Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos”, añadió.

 

Horas antes, en un emotivo discurso a la nación, con gesto contenido pero dramático, Zelenski parecía presagiar que se iba a producir otra agresión militar de Rusia. Kiev está dispuesto a negociar con Moscú en cualquier canal y en cualquier momento, dijo en un discurso en ucranio y en ruso, divulgado en su canal de Telegram.

 

“Hoy hice una llamada telefónica al presidente ruso. El resultado fue el silencio, aunque el silencio debería estar en el Donbás”, aseguró Zelenski, antes de dirigirse de manera directa a los rusos: “Estamos separados por más de 2.000 kilómetros de fronteras mutuas, a lo largo de las cuales se encuentran 200.000 de sus soldados y 1.000 vehículos blindados. Su presidente ha aprobado su paso hacia el territorio de otro país. Este paso podría convertirse en el comienzo de una gran guerra”, recalcó. “No necesitamos la guerra, ni caliente ni fría ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan y alguien trata de arrebatarnos nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, entonces nos defenderemos. Y cuando nos ataquen verán nuestras caras, no nuestras espaldas”.

 

Los muy perniciosos efectos económicos de la invasión se perciben de inmediato. La Bolsa de Moscú ha detenido su actividad y el rublo ha caído a niveles récord frente a las principales monedas. Las Bolsas europeas han abierto también con pérdidas masivas por el ataque, mientras el gas y el petróleo se han disparado.

 

Colas en cajeros automáticos y gasolineras

 

La noche ha sido inquietante y tensa en el Donbás y en toda Ucrania. El Gobierno, que pese a las alarmas de Estados Unidos y de la OTAN, ha sido escéptico durante semanas sobre una posible invasión, cambió el paso el miércoles. Cerró los aeropuertos de Jarkov, Zaporiya y Dnipro, en el este del territorio. Antes, declaró el estado de emergencia y decretó la convocatoria de hasta 36.000 reservistas. En la ciudad de Slaviansk y en Kramatorsk, cuando los primeros ataques de la mañana dieron un respiro, un buen número de ciudadanos se apresuraron a acudir a las gasolineras para repostar, a los supermercados y a los cajeros automáticos, que limitaron el efectivo a retirar en 3.000 grivnas (unos 90 euros). “No es pánico, es previsión”, comentaba Olga Kubikova, de 53 años. Como ella, los ciudadanos de la región del Donbás ya vivieron una guerra abierta en 2014. “Desgraciadamente, sabemos lo que hay que hacer”, comentaba Alexéi Udovenko, en la larga cola de una estación de servicio de Kramatorsk.

 

Desde finales de noviembre, Moscú ha concentrado decenas de miles de soldados en torno a las fronteras de Ucrania: hasta 190.000, según las últimas informaciones de Estados Unidos. En su discurso emitido en los canales de televisión estatales mientras se desarrollaba el Consejo de Seguridad de la ONU con motivo de la amenaza rusa, Putin ha asegurado que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son “inevitables” y “solo una cuestión de tiempo”. En tono belicoso, el jefe del Kremlin ha afirmado que una mayor expansión de la OTAN y su uso del territorio de Ucrania son “inaceptables”.

 

Además, el presidente ruso llamó a los militares ucranios a deponer las armas y amenazó con una respuesta contundente a aquellos países que decidan intervenir en la situación desde el exterior. “Les insto a que depongan las armas de inmediato y se vayan a casa. Todos los militares del ejército ucranio que cumplan con este requisito podrán abandonar libremente la zona de combate y regresar con sus familias”, afirmó. 

 

“La política del imperio de las mentiras se basa, en primer lugar, en la fuerza bruta directa. En tales casos, decimos: hay poder, no se necesita mente. Y nosotros todos sabemos que el verdadero poder está en la justicia y la verdad, que están de nuestro lado”, dijo Putin. “Y si esto es así, entonces es difícil no estar de acuerdo en que la fuerza y la disposición para luchar son la base de la independencia y la  soberanía, son la base necesaria sobre la que solo uno puede construir su futuro”, aseveró. 


Médicos Cubanos Denuncian ante la ONU la Esclavitud que

Sufren en su País

 

«El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar». Así de contundente se muestra Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos y los profesionales -deportistas, profesores, ingenieros...- que forman parte de las mencionadas misiones creadas por el Gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado, y que siguen operando en numerosos Estados.

 

Unas misiones que en los últimos meses se han hecho mundialmente famosas debido al envío, por parte del Gobierno cubano, de brigadas de médicos a países cuyos sistemas sanitarios se han visto superados por la pandemia del Covid-19. Fotos de decenas de médicos, rodeando la imagen de Fidel Castro, fundador de las misiones y también de las brigadas «Henry Reeve», han llenado las páginas del Granma, periódico oficialista de la isla, y los espacios de la televisión estatal; pero también se han hecho eco de ellas medios internacionales que han creído ver en estas brigadas un gesto altruista y de solidaridad del régimen cubano. Algo que, según informes y denuncias de numerosos organismos internacionales defensores de derechos humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, Prisoners Defenders-, está muy lejos de ser así.

 

El año pasado Prisoners Defenders ya denunció ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional los abusos del Gobierno cubano hacia estos colectivos profesionales, que viven bajo un régimen de esclavitud. Meses después, la ONU, tras analizar las pruebas y testimonios presentados, calificaba las actividades de estos profesionales médicos como «trabajos forzosos» al servicio del régimen cubano.

 

En aquella denuncia se recogían abusos como el reclutamiento casi forzoso de los médicos (un 70% de los testimonios recogidos entonces así lo afirmaba, y los de ahora se ratifican en ello), que no podían rechazar por miedo a las represalias; el control dictatorial de su vida en los países a los que iban a trabajar (retirada del pasaporte, sin contrato o sin tener una copia de él en caso de realizarse, horarios extenuantes, prohibición de relaciones personales con ciudadanos del país anfitrión, obligación de acudir a reuniones del partido comunista y de proselitismo del castrismo en su entorno); la obligación de manipular los datos para mejorar las estadísticas de la atención a pacientes y el uso de medicamentos muy costosos, la prohibición de dejar las misiones, castigado por ley con 8 años de exilio, sin posibilidad de ver a sus familias y de ejercer su profesión...; así como la retención, por parte del Gobierno cubano, de entre el 75 y el 90% de los salarios pagados por las países anfitriones a los médicos.

 

Ahora, la ONG Prisoners Defenders ha presentado una ampliación de aquella denuncia ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional que incluye «más de 600 testimonios de los que más de 400 han delegado en nosotros para denunciar en su nombre a la Seguridad del Estado de Cuba por la esclavitud a las que les somete. La denuncia es masiva», asegura a ABC Javier Larrondo. «Presentamos más contratos, convenios y pruebas de las barbaridades jurídicas y violaciones de derechos humanos que rubrican tales documentos. Demostramos que ninguna misión de Cuba es solidaria».

 

El documento recoge 622 testimonios de profesionales sanitarios que han trabajado en 29 países. De ellos, 405 están protegidos por miedo a las represalias contra los familiares que continúan en la isla; mientras que 217 son públicos. El número mayor de testimonios proceden de profesionales que estuvieron en misiones en Venezuela, seguidos de Brasil, donde el presidente Bolsonaro acabó con el programa por el abuso al que eran sometidos; Bolivia, Haití, Arabia Saudí y Guatemala. También se incluye alguno de Sierra Leona, Sudáfrica, Angola, Ecuador e incluso España. En total, han sido monitorizado, a través de estos testimonios la gestión de estas misiones en 29 países. Estos testimonios vuelven a rubricar los abusos denunciados en el primer informe presentado ante la ONU y la CPI.

 

Países cómplices

 

En el nuevo texto, de más de 400 páginas, PD desmonta la respuesta que el Gobierno cubano dio la ONU tras la primer denuncia. De manera reiterada, el régimen desmiente el componente económico de sus misiones, que año tras año han sido su principal fuente de ingresos (triplica los del turismo), llegando a ingresar en en 2018 alrededor de 8.500 millones de dólares. Y presume de que su Gobierno es el que asume los gastos en aquellos países anfitriones que no tienen medios para pagar los servicios de las brigadas de médicos cubanos. Algo que no sería realmente así, según la información recabada por PD. «Cuando el país hospedante es pobre, Cuba va sólo si un país tercero, como Noruega, Luxemburgo o Portugal (este último con fondos europeos de cooperación), paga una millonada por los médicos, de lo que Cuba confisca el 85% de media. Hay países en Europa que, sin saberlo y posiblemente con las mejores intenciones, están sufragando la esclavitud. Hemos analizado las violaciones en más de 29 países, con todo detalle, gracias a toda la documentación inédita conseguida», señala Larrondo.

 

Estos documentos convierten en cómplices de esclavitud a países europeos, sin siquiera saberlo ellos, lo que supone una aberración en el siglo XXI. Un aspecto que la ONG Human Rights Watch denunció el pasado mes de julio, reclamando a los gobiernos de los países anfitriones, que estaban recibiendo brigadas de médicos cubanos con motivo de la pandemia, que exigieran cambios en las condiciones laborales de estos profesionales. «El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud. El mundo debe reaccionar. Hay que buscar formas solidarias para cubrir la salud, porque hay países que hay que cuidar y ayudar. Sus ciudadanos no viven en estados de bienestar como España. Pero no con esclavitud».

 

La mayor prueba de esta violación de derechos continuada estaría en las propias leyes cubanas: el artículo 135 del Código Penal, o la Resolución 168 del MINCEX. «Cualquier persona que los lea, sentirá nauseas. Pero, además, Cuba firma Convenios con países, como Guatemala, que dicen explícitamente que Guatemala jamás contratará ni durante ni después del Convenio a ningun colaborador cubano que haya dejado cualquier misión cubana del mundo. Es un mundo orwelliano, dantesco, una persecución draconiana sobre los médicos cubanos», subraya el presidente de PD. Pero son los 622 testimonios del texto remitido a Ginebra y a La Haya «la guinda final necesaria para corroborar que todo el esquema se ejecuta sobre decenas de miles de personas».

 

Reunificación familiar

 

El objetivo de esta ampliación de la denuncia presentada en 2019 no sería otro que erradicar la esclavitud en dichas misiones, pero también que Cuba «permita a las 40.000 personas a las que prohibió volver a entrar a la isla, por dejar una misión, hacerlo de forma regular, como turistas, que además generen ingresos en la isla. La reunificación familiar de esos hijos y padres que no se ven desde que los primeros eran muy pequeños». Familias que se quedan en la isla y que también sufren las consecuencias de la represión después de que sus padres hayan abandonado las misiones, ya que el régimen los considera «traidores a la patria». Este exilio forzoso llevó a miles de médicos a crear la plataforma «Nosomosdesertores», desde la que denuncian su dramática situación familiar y personal.

 

Según el informe, en la actualidad hay entre 5.000 y 10.000 padres que no pueden ver a sus hijos durante un periodo de ocho años.

Esta segunda denuncia presentada por PD llega en un momento en el que la pandemia del coronavirus ha obligado a muchos países a aceptar la ayuda de Cuba y sus misiones médicas. Lo que ha supuesto una campaña de propaganda gratuita y muy beneficiosa para el régimen cubano. Cuestionar estas misiones médicas en un momento tan sensible para la población se presentaba quizá como un obstáculo, que, sin embargo, no ha frenado a PD. «En absoluto. La verdad no admite discusión. Los crímenes de lesa humanidad tampoco. El que quiera enfrentarse a esta denuncia, pasará un mal rato político y humano, hasta consigo mismo, más tarde o más temprano. Es mejor unirse al carro de los derechos humanos. Mire, la ONU ya ha sentenciado oficialmente que en Venezuela se han estado cometiendo los peores crímenes de lesa humanidad desde 2014 por el Gobierno de Maduro... ¿cómo se sentirá ahora Zapatero que defendió, después de 2014, a un perpetrador de crímenes de lesa humanidad, un Hitler...? Hay que ser más responsable, y menos ideológico», sentencia Larrondo. «En la política -continúa-, los derechos humanos son lo primero, y los intereses, partidismos o coyunturas jamás pueden estar por encima, ni se puede trazar un camino por "cercanía" ideológica en contra de los primeros. Son quienes actúan así en política quienes tienen que preocuparse con este asunto. Mi organización y yo nos sentimos fuertes y confiados. La verdad y el amor por el ser humano y un trabajo ingente de dos años sin cesar, y sin dormir, nos dan esa confianza».

 

Nobel de la Paz

 

La denuncia también se produce cuando se multiplican las voces, especialmente en las redes sociales -marco que sabe manipular bien el régimen cubano y sus partidarios-, pidiendo el Premio Nobel de la Paz para las brigadas de médicos. «Hay quien se ríe. Pero reírse no es acorde con la gravedad del asunto. Hubo quién se reía del programa Aló Presidente!, y de los discursos de Maduro. Quien pueda decir algo, que estudie el asunto, y tome cartas en él. Noruega no puede blanquear un crímen de lesa humanidad. Sería el fin para el Premio Nobel de la Paz», señala Larrondo.

 

En cuanto al monto económico que el régimen cubano habría obtenido estos meses de la pandemia con las brigadas de médicos que han viajado a Italia, Andorra, Argentina, México..., Larrondo no tiene una cifra concreta. «Aunque nos hemos centrado mucho más en la parte humana y en la probatoria del esquema de esclavitud, de la parte económica lo que sí hemos analizado con mayor detalle es el global económico de las misiones, no la parte concreta del Covid», reconoce. Aún así se atreve a hacer un cálculo rápido que «admite margen de error»: «3.00o euros/mes, 3000 médicos, cuatro meses. De los 8.500 millones de dólares al año que Cuba obtiene de las misiones cada año, la parte del Covid de este año debe estar entre los 30 y los 50 millones de euros, sólo en lo que llevamos de pandemia, y sólo por los salarios de los médicos, de los cuales el Gobierno cubano se queda con el 85% de beneficio neto. Pero el problema no es el dinero. El problema es la propaganda de un esquema de esclavitud en pleno siglo XXI. Eso sí le reporta más ingresos colaterales y apertura de otros contratos, todos de esclavitud, y que hacen sufrir a decenas de miles de personas. Y eso sí nos preocupa más», concluye.

 

«Los crímenes de lesa humanidad necesitan del concurso de todos, y Europa y EE.UU. son claves»

 

Desde que PD presentó la denuncia en 2019, el régimen cubano ha responsabilizado al Gobierno de Estados Unidos de estar detrás de una campaña de descredito contra sus misiones internacionales. Este es otro de los puntos que ahora quiere desmontar también el documento remitido a la ONU y a la CPI. «Esta denuncia de esclavitud ya fue iniciada en 2010 por el Colegio Médico de Portugal y el British Médical Journal, en 2018 por las Naciones Unidas en su Examen Periódico Universal de Cuba, y por Prisoners Defenders en noviembre de 2018...», señala Larrondo. «En esta iniciativa no están los Estados Unidos. Pero, si le soy franco, sí me hubiera gustado que hubieran estado desde el principio tanto Europa como los Estados Unidos, ambos y unidos, porque hubo momentos, al comienzo del trabajo, que en PD nos sentíamos con gran incertidumbre de si se nos escucharía», confiesa. «Hay que sumarse antes, durante o más tarde, pero los crímenes de lesa humanidad necesitan el concurso de todos, y Europa y los Estados Unidos son claves, y ambos deben sumarse en crisis donde estén afectados los derechos fundamentales, y actuar en consenso, y unidos. ¿Que esto se lo han inventado los "americanos"? Es muy burda esa mentira», asevera Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.


Médicos Cubanos con la Espada de Damocles sobre

sus Cabezas

 

Más de 1.500 profesionales de la salud de Cuba se han desplegado en 20 países distintos para luchar contra la pandemia que azota al planeta. Gobiernos y administraciones han pactado con La Habana para recibir a las polémicas brigadas médicas, cuyos componentes son "sujetos de un proceso de vigilancia y regulación extrema de su vida que es propio de un futuro distópico de Orwell", denuncia a MIRROR magazine, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

 

Represión, cárcel o exilio amenazan a los doctores que se rebelan ante el menoscabo de sus derechos. "Los médicos ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas", concluye Vivanco.

 

La prestigiosa ONG ha investigado a fondo las interioridades de lo que denuncia como explotación o incluso trabajo forzoso. "Los relatores de la ONU le han advertido a Cuba que las condiciones a las que someten a estos médicos incluso podrían considerarse una forma de esclavitud moderna", pormenoriza a MIRROR magazine el director de HRW.

 

Un férreo manual de normas represivas acompaña a los médicos cubanos que viajan al exterior, que en algunos casos recuerdan a mecanismos de control social ya superados incluso en la isla. El personal debe reportar a sus superiores todas sus relaciones amorosas. También está prohibido mantener relaciones con personas que mantengan "posiciones hostiles o contrarias a la revolución cubana" o "cuya conducta no sea acorde con los principios o valores de la sociedad cubana". Vivir con personas no autorizadas vulnera los códigos de conducta.

 

Los brigadistas deben cuidar con esmero su presencia pública, evitando frecuentar lugares que dañen su prestigio o donde se puedan producir alteraciones de orden público. Para participar en actos políticos, como a menudo hacen en Venezuela, deben contar con el permiso de sus superiores.

 

Las sanciones más graves abocan a procesos con penas de hasta ocho años de cárcel, el mismo tiempo de "castigo" sin regresar a la isla que supone el abandono y huida de la misión. Esta disposición viola, según HRW, el derecho consagrado a ingresar al país propio que se aplica a todas las personas, incluidos los ciudadanos cubanos.

 

Al ser considerados como "población regulada", los médicos sólo pueden viajar al exterior con permisos especiales. En los últimos reclutamientos para luchar contra el Covid, médicos confesaron a la organización Prisioners Defenders que aceptaron el trabajo porque temían represalias o lo hacían para conseguir alimentos o huir del país.

 

Las pesquisas de HRW y las de Naciones Unidas reportan "excesos de horas trabajadas", limitaciones en vacaciones y salarios y las amenazas ya relatadas. En su respuesta a la ONU, el gobierno cubano negó las acusaciones y señaló a los relatores de derechos humanos por "fomentar espurias campañas promovidas por el gobierno de EEUU". Las excusas de siempre.

 

La gran novedad es que en esta ocasión HRW no se dirige a Raúl Castro o al nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, sino a los países que reciben a los médicos para que sean "conscientes de que si no presionan a Cuba para que modifique este sistema draconiano, se pueden transformar en cómplices de graves violaciones a los derechos humanos", explicó Vivanco.

 

La prioridad son los países europeos que apoyan financieramente las misiones médicas, así como los países de la región latinoamericana que han considerado solicitar estos médicos para enfrentar la pandemia, como México, Perú y Argentina.

 

El modus operandi en revolución convierte a sus médicos en su fuente principal de ingresos en medio de una coronacrisis que ha paralizado el turismo. El último dato es que las misiones reportan al país 5.500 millones de euros, "lo que representa el 43% de las exportaciones totales", según el economista Pavel Vidal, antiguo funcionario del Banco de Cuba.

 

Un asunto de Estado, vital para la revolución y en el que vuelca a todo su aparato de propaganda. Otra cosa es el trabajo de los médicos en cada país, que concita aplausos y también críticas. Venezuela, pieza clave de este puzzle, acaba de recibir con bombo y platillos revolucionarios una brigada en Zulia, epicentro de la epidemia. En ese estado ya son una docena los médicos locales fallecidos.

 

"Es una mezcla de populismo y mentira. Nuestros médicos no cuentan con medios de bioseguridad y en cambio ello sí tienen todo el material de protección", protestó el diputado José Manuel Olivares, comisionado para la Salud de la presidencia encargada.


Israel, 

 

Policía Judía Mata a Joven Palestino con Autismo

 

La puerta de los Leones de la Ciudad Vieja ha vuelto a ser escenario de un trágico episodio de violencia en Jerusalén. Agentes de la policía de fronteras (cuerpo militarizado israelí) han matado a tiros a un palestino con autismo que se dirigía en la mañana de este sábado al centro de educación especial del centro histórico donde trabajaba y recibía atención. A Iyad Hallak, de 32 años, le había sido reconocida una discapacidad permanente, según su familia, con la que vivía en Wadi Joz, barrio popular próximo al recinto amurallado en Jerusalén Este, bajo ocupación israelí desde 1967. Estaba desarmado.

 

“Era incapaz de hacer daño a nadie”, declaró al diario Haaretz uno de sus familiares. El abogado que representa a los Hallak adelantó que va a instar una investigación judicial “por asesinato” contra los agentes implicados en la muerte. Los primeros testimonios recogidos, según el letrado, apuntan a que se dispararon entre siete y diez balas contra el palestino y que cayó abatido detrás de un contenedor de basuras. El cadáver de Hallak ha sido depositado en el instituto anatómico forense de Tel Aviv.

 

Un portavoz policial aseguró que el palestino tuvo que ser “neutralizado”, ya que huyó cuando se le dio el alto ante la sospecha de que portaba un objeto “que parecía una pistola” y los agentes abrieron fuego contra él durante la persecución. El departamento de asuntos internos de la policía ha abierto una investigación de los hechos, sobre la que las autoridades han impuesto un embargo informativo, informa la agencia Reuters. Dos agentes del cuerpo de fronteras han sido interrogados.

 

Ayman Oded, líder parlamentario de la Lista Conjunta, alianza de partidos árabes israelíes que representa a la minoría de origen palestino, afirmó que su grupo va a trabajar para que los hechos “no sean encubiertos y los agentes responsables ingresen en prisión”.

 

El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, advirtió en Twitter de que el “crimen (contra un discapacitado) puede quedar impune salvo que el mundo deje de tratar a Israel como un Estado que está por encima de la ley y la Corte Penal Internacional cumpla con su cometido”.

 

Tras el anuncio de que el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu pretende anexionar a Israel a partir de julio los asentamientos judíos y el valle del Jordán de Cisjordania, bajo ocupación militar desde hace casi 53 años, se han registrado incidentes violentos en la última semana.

 

Un palestino fue abatido a tiros el viernes por los soldados israelíes a los que había intentado embestir con su vehículo cerca de Ramala. El lunes, otro palestino resultó gravemente herido de bala en Jerusalén Este después de haber tratado de apuñalar a un policía.

El Ejército tiene previsto reforzar su despliegue en Cisjordania y ha puesto en alerta a sus unidades ante la amenaza de un estallido de violencia. La Autoridad Palestina anunció la semana pasada la suspensión de la coordinación entre sus fuerzas de seguridad y las tropas israelíes.


Ese Delirio de Grandeza de los Argentinos los ha Hecho Enfrentarse Dialécticamente con los Chilenos. Los Argentinos Viven Comparándose con el resto del Mundo, una Manía que solo Pequeñez y Problemas les ha Atraído

 

Compararse con otros países tiene sus riesgos, y el presidente argentino, Alberto Fernández, volvió a tropezar con una piedra ya conocida al marcar el contraste entre las cifras de su país y las de Chile en la crisis del coronavirus. Tan equivocados eran los datos, que el embajador de Chile en Buenos Aires salió a refutar al jefe de Estado con una serie de quirúrgicos tuits. "Debo rectificar error en información publicada por la Casa Rosada. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 por 100.000 habitantes y no de 98,5 como señala el siguiente gráfico que mostraron", escribió Nicolás Monckeberg Diaz, que tuvo la gentileza de no mencionar directamente a Fernández, aunque fuera él el que exhibió y comentó las cifras al anunciar en la noche del sábado la prolongación de la cuarentena en la tercera economía de América Latina.

 

Los datos incorrectos y las comparaciones arriesgadas se han reiterado en las presentaciones del presidente argentino desde que el 19 de marzo decretó la cuarentena obligatoria para los 45 millones de habitantes de Argentina, el octavo país más grande del mundo. Fallaron las escalas y las proporcionalidades en los cuadros explicativos, pero ahora también son equivocados los datos. El embajador chileno lo hizo saber.

 

"Hoy más que nunca necesitamos colaboración y rigurosidad para superar esta pandemia. Es por esto que, junto con reafirmar nuestro espíritu de mutua colaboración con Argentina, en honor a la prolijidad, es necesario aclarar los datos recientemente dados en cadena nacional", escribió Monckeberg Diaz.

 

Semanas atrás, Fernández debió conversar durante 45 minutos con el presidente chileno, Sebastián Piñera, tras comparar la evolución de la pandemia en ambos países. En las mismas horas se comunicó con su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, para limar otras asperezas. Días después, la embajada de Suecia en Buenos Aires hizo públicas una serie de consideraciones explicando la situación en el país nórdico luego de la comparación en público que había hecho el presidente argentino.

 

"La verdad que lo que veo es que Suecia, con 10 millones de habitantes, cuenta 3.175 muertos por el virus. Es menos de la cuarta parte de lo que la Argentina tiene. Si seguimos el ejemplo de Suecia, tendríamos 13.000 muertos", dijo Fernández. En tono diplomático, pero apoyada en datos y precisiones, Suecia marcó distancias: "Es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países. Pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor".

 

FILMINAS

 

El Brasil de Jair Bolsonaro y el Chile de Piñera son los países con los que Fernández se compara con mayor frecuencia, pero en sus gráficos, que él popularizó con el algo anticuado término de "fílminas", aparecen también muchas veces Estados Unidos y España. Llamativamente, casi nunca se menciona a Italia, uno de los países con más muertos en el mundo y uno de los vectores claros de los primeros contagios en el país.

 

Argentina, un país de 45 millones de habitantes, tenía, hasta el sábado, 11.353 casos de Covid-19 y 445 muertos. La diferencia es abrumadora si se hace la comparación con los 69.102 casos y 718 muertos de Chile, con casi 19 millones de habitantes, y los 353.000 casos y 22.191 muertos de Brasil, un país de 210 millones de habitantes. Las cifras deben ser tomadas, sin embargo, sumándole el dato de que Argentina es de los países que menos tests hacen en la región. El gobierno aseguró que en los próximos días incrementará las pruebas.

 

Según uno de los gráficos, señala el periódico, "el país tiene 9,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. (...) . En el otro lado del gráfico, Estados Unidos mostraba 276 casos por cada 100.000 habitantes, y Chile, 98,4. Le erró en todos (los datos). Si la Argentina tuviese esa tasa cada 100.000 habitantes los fallecidos serían 4.300, y no 445 como muestran las estadísticas oficiales".

 

Los 98,4 muertos por cada 100.000 habitantes que el gobierno argentino le adjudica a Chile, un país al que "La Nación" le atribuye 18 millones de habitantes, algo menos de los 18,7 que tiene, implicarían que habrían muerto 17.712 chilenos. La cifra real es de 673.

Según el politólogo e historiador Augusto Salvatto, las constantes comparaciones de Fernández con otros países responden a "dos elementos que son una constante" en el relacionamiento exterior del país: "El argentinocentrismo y la subordinación de la política exterior a la política partidaria interna".

 

"El presidente prefiere dar un mensaje a su público de que Argentina está haciendo las cosas mejor que el resto, antes que preservar las relaciones diplomáticas con sus vecinos. En un contexto de tanta incertidumbre y falta de datos, siempre vamos a estar comparando peras con manzanas", señaló Salvatto a MIRROR MAGAZINE.

 

"La frecuente comparación con España es llamativa, pero creo que tiene que ver con qué es fácil para nosotros vernos en el reflejo de los españoles. Lo que si se ve claro es el intento de comparación contra los países con los que no hay coincidencia ideológica, y especialmente Brasil y Chile, que son además con los que más cuidado tenemos que tener, porque son aliados estratégicos".


Presidente de México Ofende a las Mujeres de su País. Dice que

Mayoría de  Llamadas de Auxilio son Falsas

 

El presidente del Gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado de nuevo la indignación de las feministas al asegurar en su conferencia matutina que el 90% de las llamadas que se reciben en el teléfono 911, donde las mujeres denuncian la violencia de género, son “falsas”. Y ha negado que el confinamiento en casa para atajar la pandemia tenga algo que ver con el aumento registrado de maltrato, porque, según dice, México es un país especial: “La familia mexicana es distinta a la europea, a la estadounidense. Nosotros estamos acostumbrados a convivir, a estar juntos. En las casas mexicanas están hijos, nueras, nietos en una convivencia en armonía”. Sin embargo, la Red Nacional de Refugios para mujeres en peligro están registrando un fenómeno nuevo estos días de confinamiento contra el coronavirus. Un 19% de las solicitudes de alojamiento en estos centros las están gestionando familiares, amigos en incluso los hijos de las maltratadas ante la imposibilidad de que ellas salgan a denunciar o por miedo a hacerlo por teléfono frente a su agresor, según unos datos facilitados a esta revista que se harán públicos el lunes. “Nos contactan para sacarlas de sus viviendas y les damos seguridad en ese traslado. El presidente no está entendiendo nada. Me da igual si son 10 o 20 las que están peligro, hay que actuar, ¿a qué espera?”, se indigna la directora de esta red de refugios, Wendy Figueroa.

 

“Si tuviese la información del incremento de la violencia pues lo tratamos”, ha contestado este viernes López Obrador a las preguntas de los periodistas. Los datos publicados el 25 de abril por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la página 76 de su informe demuestran que las llamadas de las mujeres pidiendo auxilio se han elevado en estos meses de pandemia y reclusión en las viviendas, pasando de algo más de 19.000 en enero a 26.000 en marzo. Los datos de la violencia en pareja y familiar también han experimentado un incremento en el mes de contingencia respecto a periodos anteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha alertado en fechas recientes de un incremento de los asesinatos, que en México ya se cuentan en 10 mujeres al día como promedio.

 

La violencia de género ha experimentado un aumento en muchos países debido a la convivencia obligada que ha impuesto la crisis vírica. Pero el presidente mexicano lo niega. “Sostengo que no es precisamente por el retiro en las casas por lo que hay más violencia. Quizá en otros países, por su tradición y cultura, el aislamiento provoque agravios, confrontación o violencia”. No niega que en México también la hay, dice, porque en todas las familias hay “diferencias”. López Obrador, ignorando los datos oficiales de su Gobierno, pide que “no se extrapole lo que pasa en otras partes. Cuidado con los estereotipos, con teorías de aplicación general. Me rebelo contra eso”.

 

“El presidente está contradiciendo los datos de su Gobierno, exigimos que aclaren esto, que se pronuncien la Secretaría de Gobernación y el Instituto de las Mujeres”, ha pedido Figueroa. Pero por ese lado no hay más que silencio, que contrasta con los comentarios encendidos en las redes sociales ante las últimas palabras del presidente.

 

“Denunciar estos días es más difícil que nunca. Si ya el sistema jurídico y policial es complicado en México para las maltratadas, la dificultada crece si están confinadas en casa. Tienen miedo a la covid-19, pero lo que el presidente no entiende es que ahora, con el confinamiento, no se trata de denunciar, sino de salvar la vida y en la Red de Refugios, un 19% de las que piden ayuda lo hace a través de familiares y amigos para que les apoyen para salir del infierno en que se han convertido sus casas. Y recurrir a terceros es un fenómeno nuevo, lo que indica que el confinamiento les pone en mayor dificultad”, dice Wendy Figueroa. Terceras personas llaman y la Red presta seguridad para sacarlas de allí, como si se tratara de una delicada operación militar. La Red de refugios tiene datos propios que reflejan un aumento del 80% en las llamadas y mensajes de socorro recibidas. Un 19% de las mujeres que se comunicaron con ellos ya habían llamado a otros números y no fueron atendidas, dicen, y las solicitudes de alojamiento en los refugios registran un alza del 12,7% de media. En algunos centros han crecido hasta un 50%. La Red ha pedido en las últimas semanas al Gobierno medidas específicas para combatir esta violencia en los días de pandemia.

 

Las organizaciones que se dedican a combatir la violencia contra la mujer siguen clamando por información. “¿Por qué no dan los datos, los servicios que están brindando a esas mujeres a quienes sí creen, por qué no dicen las órdenes de protección que se están dictando? Eso es lo que queremos saber y no escuchar las terribles declaraciones del presidente, que invisibilizan el maltrato y dan respaldo a los agresores”, critica Ana Yeli Pérez, asesora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios.

 

Que las llamadas y las denuncias de las mujeres que sufren violencias son falsas e interesadas es una idea que diversos colectivos, la ultraderecha en España, por ejemplo, hacen circular recurrentemente. Argumentan que denuncian a sus parejas para sacar partido a un divorcio, quedarse la custodia de los hijos o fastidiar al padre para alejarle de ellos. Los expertos en las fiscalías especializadas han ofrecido en ocasiones los datos de denuncias falsas, que son ínfimos, y nunca mayores que en otra clase de delitos. “La palabra de la mujer no tiene valor, nunca lo tuvo y esto ha permeado siempre al ámbito público. La palabra de honor siempre es del hombre. Y en los delitos sexuales, donde están implicadas las mujeres mayoritariamente como víctimas y los hombres, mayoritariamente como agresores, siempre se antepone la credibilidad de lo que se denuncia. Cuanto más intrínseca es la razón de género en el delito más se recurre a la falsedad de lo denunciado”, dice Pérez, también directora del Instituto Pro Persona.

 

Los datos del número telefónico 911, del Gobierno, con 192 locutorios por todo el país, ponen de manifiesto que un 77% de las llamadas recibidas eran improcedentes, es decir, no se tomaban en cuenta porque se detectaba que quien está al otro lado del teléfono es un bromista, niños o adultos, un pendenciero o alguien que no contesta. Eso ocurre en cualquier teléfono de ayuda. Pero hay un 23% de llamadas procedentes, por cierto, en aumento desde 2016. Sobre ese total es sobre el que hay que determinar la falsedad o no de lo que se denuncia o se cuenta en el teléfono. ¿Conoce el presidente ese dato? En la conferencia matutina ha señalado que el 90% de las llamadas eran falsas porque así se lo han comunicado las mujeres que se dedican a esta área en su Gobierno, “en la secretaría de Gobernación” y en el Instituto Nacional de las Mujeres, donde no han querido hacer ninguna declaración sobre las palabras del presidente.


Tenor Plácido Domingo Acepta Tácitamente Haber Abusado de

Varias Mujeres y Pide Perdón

 

El tenor español Plácido Domingo ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por «el dolor» que les causó y ha asegurado que acepta «toda la responsabilidad» por las acciones denunciadas en los últimos meses. En un comunicado remitido a Europa Press, Domingo ha mostrado su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 «se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar» de lo ocurrido. «Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas», ha reconocido.

 

El músico español ha realizado estas declaraciones después de que varios medios de comunicación estadounidenses publicaran una información de la agencia Associated Press que adelantaba los resultados de la investigación llevada a cabo por el sindicato de artistas musicales de EE.UU. (American Guild of Musical Artists) que habría encontrado un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo durante al menos dos décadas, cuando estaba al frente de las óperas nacionales de Washington y Los Ángeles.

 

Después de « tomarse un tiempo durante los últimos meses» para analizar las acusaciones, el tenor español ha explicado que ha «crecido con esta experiencia». «Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma», ha añadido.

 

«Que nadie tenga que pasar por lo mismo»

 

Así, Plácido Domingo ha señalado que está «comprometido» a acometer un cambio «positivo» en la industria de la ópera para que «nadie tenga que pasar por lo mismo». «Mi ferviente deseo es que esto resulte en un espacio más seguro para trabajar, y espero que mi ejemplo empuje a otros a seguir mis pasos», ha zanjado.

 

El músico español se ha expresado así meses después de que salieran a la luz las primeras denuncias de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. En un inicio, Domingo negó todo asegurando que «el abuso» de su posición directiva dentro de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de Los Ángeles donde trabajó era «tan imposible como inconcebible».

 

En la primera entrevista que concedía tras saltar el escándalo, Plácido Domingo afirmaba: «Al cabo de más de medio siglo de vida pública a más no poder, en teatros y escenarios, revistas, televisiones, restaurantes, aeropuertos y toda suerte de actividades sociales, pienso que la gente me debiera conocer de sobra. Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado».

 

En la entrevista, realizada poco antes de que el tenor reapareciera en España -concretamente en el Palau de les Arts de Valencia-, añadía que «nunca le he prometido a nadie un papel y mucho menos una carrera. Jamás he obstaculizado el camino a nadie y tampoco impondría ni lastimaría a ningún cantante; este trabajo requiere de mucho sacrificio, mucha preparación y mucho valor. Muy al contrario; me he dedicado a buscar, a descubrir talento y a apoyar y lanzar las carreras de muchos jóvenes artistas, tanto mujeres como hombres de todas las nacionalidades».

 

Las acusaciones sobre Domingo precipitaron en los meses siguientes cancelaciones de algunas de sus actuaciones por todo el mundo -como las de la Ópera de San Francisco y la de Dallas-, y provocó además que el tenor dimitiera como director general de La Ópera de Los Ángeles.


Periodista Italiano Vive bajo la Amenaza de Muerte

de la Mafia

 

Giuseppe Vizzini fue muy claro. “A Paolo lo queremos muerto porque nos ha hecho perder millones de euros”, dijo a las autoridades el miembro del clan Capello, una de las familias mafiosas de Catania. Lo explicó después de que fuera detenido este abril por orquestar un atentado con coche bomba contra Paolo Borrometi, un periodista italiano que desde el 2014 vive con cinco escoltas tras recibir numerosas amenazas y una durísima agresión física.

 

“Hace cuatro años que no veo el mar de mi Sicilia, que no puedo ir a un concierto, a un teatro…”, cuenta Borrometi.

 

Quedar con él para esta entrevista ha sido más difícil de lo habitual. No puede ir a un restaurante al aire libre, ni podemos encontrarnos en un cruce de calles. Sólo en un local cerrado. Antes de que pueda entrar, los guardaespaldas examinan el ­lugar rápidamente y se colocan al lado de las ventanas por si vieran a alguien sospechoso. Nada de pa­sear por la calle solo, ir de compras solo ni usar el transporte público. “Ni siquiera fumar un cigarrillo en el balcón”, asegura el reportero.

 

“Intentaron quemar la casa de mis padres con ellos dentro; por suerte la puerta era ignífuga”, cuenta el reportero

 

Esta es la vida que llevan diecinueve periodistas italianos que decidieron investigar y publicar asuntos incómodos. Entre ellos, el conocido autor de Gomorra, Roberto Saviano. Otros 190 reciben protección de las fuerzas del orden. “Es el tema que tratan lo que les pone en peligro, no su identidad política”, asegura el presidente de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI), Giuseppe Giulietti.

 

El siciliano Borrometi, de 35 años, decidió ser periodista muy joven, aunque estudió para ser abogado. A los 17 ya empezó a escribir en periódicos locales inspirado en la figura de Giovanni Spampinato, un cronista brillante que consiguió documentar las relaciones de las organizaciones de extrema derecha sicilianas con el crimen organizado. A Spampinato lo silenciaron en 1972 seis balas de dos pistolas. El acusado fue el hijo del presidente del tribunal de Ragusa.

 

“De vez en cuando un muerto sirve para calmar a todos”, dijo Giuseppe Vizzini en alusión a Borrometi

 

Con este referente, Borrometi decidió crear su propio medio de comunicación, La Spia, un periódico independiente en el que hoy trabajan doce periodistas de forma voluntaria. Como no reciben casi nada de publicidad –afirma que para asegurarse la independencia–, todos tienen otros trabajos. Él mismo colabora con la agencia Agi para pagar las facturas. Su primera investigación para La Spia hizo caer el Ayuntamiento de Scicli, en Sicilia, por haber demostrado las conexiones de los políticos con las organizaciones mafiosas. “Al principio fueron amenazas verbales. Luego, en el 2013, me rayaron el coche y me dejaron una nota que decía: ‘Estate atento’”, recuerda.

 

Todo empeoró cuando decidió investigar las conexiones de la llamada agromafia. Según cuenta, toda una red criminal conecta la agricultura de Vittoria, en Sicilia, con el resto de Italia y de Europa. “La Cosa Nostra (Sicilia) se encarga de cultivar; la Camorra (Campania), de los camiones, y la ‘Ndrangheta (Calabria), del transporte de cocaína”, asegura. Esto no se lo perdonaron. En abril del 2014, a plena luz del día, dos encapuchados le dejaron medio muerto mientras paseaba a su perro al lado de su casa. Le partieron la espalda en tres y desde entonces ha perdido el 30% de movilidad. “Durante ese tiempo hubo siete arrestos. Luego, en agosto, intentaron quemar la casa de mis padres, con ellos dentro. Por suerte la puerta era ignífuga. Al día siguiente me pusieron bajo protección policial”.

 

Borrometi tuvo que trasladarse a Roma y escribir desde casa, contactando por internet con sus fuentes. Está soltero: se vio obligado a romper con su pareja cuando ella empezó también a recibir amenazas. Las intimidaciones doblegaron su vida, pero no su trabajo. Ha publicado nombres, cifras y cantidades. Hasta el punto de que descubrió que una de las empresas que cultivaban el famoso tomate de Pachino era propiedad de los hijos de dos mafiosos. Uno de ellos se había pasado 22 años en la cárcel. Sus artículos les hicieron perder la patente del Ministerio de Agricultura, con lo cual no podían seguir vendiendo. “Perdieron todos los pedidos. Por eso me querían muerto”, asegura Borrometi. Intentaron organizar un gran atentado contra él este mes de abril, la primera vez que iba a Sicilia a ver a sus padres.

 

“Debemos hundir a este. ¡Bum!, al suelo. Debemos hundir a este. ¡Bum!, al suelo. Y aquí, fuegos artificiales. Como en los años noventa, en los que no se podía caminar por la calle”, decía Vizzini, uno de los jefes de Pachino, en una conversación con su hijo. Hacía referencia a los turbulentos años en que las bombas explotaban a lo largo de Italia, asesinando también brutalmente a los famosos jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. “De vez en cuando un muerto sirve para calmar a todos. Un muerto debería dar una lección a todos estos sabiondos”, seguía Vizzini.

 

Esta es la conversación que interceptó la policía y que permitió sabotear el ataque que planeaban contra Borrometi y sus cinco escoltas, con un coche bomba que había sido robado en la calle en Ragusa. La policía detuvo a tres personas, Vizzini y sus dos hijos, e investiga a una cuarta. Borrometi tiene quince procesos abiertos por amenazas de la mafia y este lunes vuelve a Siracusa para declarar por la condena a otro mafioso que prometió masacrarle y habló de su funeral. “Estoy condenado a muerte por cinco clanes mafiosos”, cuenta con resignación.

 

Sorprende el vitalismo de este joven periodista que no quiere dejar de hacer su trabajo porque entonces “ellos habrán vencido”. Eso le dijo su buena amiga Daphne Caruana, una periodista maltesa cuyo asesinato conmovió a Europa el año pasado. “En un momento de dificultad, ella me escribió un correo precioso en el que me decía: ‘Paolo, debemos continuar, porque el periodismo libre es la única manera de salvar a nuestros países’”.

 

“Aplaudimos el trabajo de la policía que frustró el atentado y evitó que un tercer periodista fuera asesinado en la UE en el espacio de seis meses”, declaró Pauline Adès-Mével, la directora de Reporteros Sin Fronteras para Europa y los Balcanes. Se refiere a Caruana y a Ján Kuciak, el periodista esloveno asesinado en febrero después de que investigase los vínculos de su país con la mafia italiana. “Pero es importante recordar que Italia es uno de los países europeos más peligrosos para los periodistas”.

 

Cuando se hizo público el intento de atentado en abril, también recibió el apoyo de numerosos políticos italianos, y hasta del papa Francisco, con quien tuvo una audiencia privada de 40 minutos. “Lo sabía todo sobre mí. Me secó las lágrimas, me dijo que rezaría por mí y por mis escoltas”, recuerda. Después de un momento de vacilación, también añade que el Pontífice le aseguró hasta tres veces que “los mafiosos no son cristianos”.

 

“Cuando yo deje de sonreír, ellos empezarán a ganar”, sentencia Borrometi. Sueña con el momento en que ya no necesite la escolta. Pero por ahora sigue lejos.

 

 

La vida (y muerte) de los reporteros que cubren a la mafia italiana

 

ROMA –En los últimos cuatro años, Paolo Borrometi ha vivido aislado durante gran parte de sus días, aunque casi nunca está solo. Durante muchos años, no ha podido caminar por los parques o las playas de su Sicilia natal. No puede ir libremente a un restaurante, un concierto o el cine. No puede conducir un auto ni salir de compras o ir a cenar, sin custodia.

 

Antes de salir a trabajar como reportero que cubre a la mafia, comienza todas sus mañanas con un expreso, un cigarrillo y su escolta.

En Italia, enojar a la mafia como periodista deriva en una vida solitaria. Sin embargo, Borrometi, de 35 años, no está solo. Casi doscientos reporteros italianos viven bajo protección policíaca, un caso único entre los países occidentales industrializados, según los grupos de activistas.

 

“Ninguno de nosotros quiere ser un héroe o una figura prominente”, dijo Borrometi hace poco ante un grupo de estudiantes de bachillerato en Roma, donde vive ahora. “Solo queremos hacer nuestro trabajo y nuestro deber, que es contar historias”.

Aun así, los asesinatos relacionados con el crimen organizado están en incremento en Italia, según las autoridades, y los observadores internacionales que consideran que las redes criminales son la principal amenaza para los periodistas en Europa.

 

“No dejes de escribir, Paolo”, decía un correo electrónico que Borrometi recibió en 2014, dos días después de que lo atacaron dos hombres con pasamontañas afuera de la casa de campo de su familia en Sicilia. “Nuestros países necesitan un periodismo de investigación libre. Tienes todo mi respeto”.

 

El mensaje era de Daphne Caruana Galizia, la periodista de investigación maltesa que el año pasado fue asesinada en un ataque con un carro bomba, después de que expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales en el extranjero y reportó sobre los delitos de los políticos locales durante décadas. Cuando murió, a los 53 años, tenía 47 demandas legales en su contra, incluyendo una del ministro de Economía de su país.

 

Además de Caruana Galizia, que fue asesinada en octubre, un reportero de 27 años, Jan Kuciak, fue asesinado junto con su prometida en Eslovaquia en febrero. También había estado investigando asuntos de corrupción que se sospechaba que estaban vinculados con mafiosos italianos.

 

“Ya hubo dos periodistas asesinados por la mafia dentro de la Unión Europea; ambos investigaban historias de la mafia que los gobiernos nacionales no estaban monitoreando”, dijo Pauline Adès-Mével, responsable de la oficina europea de Reporteros Sin Fronteras, una organización que defiende la libertad de prensa.

 

“Históricamente Italia es el país que más ha sentido la presencia de la mafia, y allí hay una docena de periodistas con protección policiaca las 24 horas”, dijo Adès-Mével. “Eso no sucede en otros países”.

 

En el caso de Borrometi, bastó con que reportara durante un año sobre los negocios secretos y los vínculos políticos clandestinos con la mafia de Sicilia para que su sitio web de noticias independiente, La Spia (El espía), recibiera amenazas por parte de los criminales. En cinco años, recibió cientos de amenazas de muerte de los mafiosos locales.

 

Primero, sus artículos provocaron actos de vandalismo en su contra y llamadas a altas horas de la noche. Sin embargo, las cosas llegaron a lo físico después de que comenzó a escribir una serie de notas que mostraban cómo el mercado más grande de frutas y verduras de Sicilia estaba controlado por los mafiosos.

 

Un día estaba dándole de comer a su perro, cerca de su casa de campo, cuando aparecieron dos hombres que lo tomaron del brazo derecho y se lo doblaron detrás de la espalda hasta que los músculos del hombro se le desgarraron en tres lugares.

 

“Las únicas palabras que mis atacantes me dijeron ese día fueron: ‘No te metas en lo que no te importa’ o ‘Esta es la primera advertencia’ o una versión siciliana, mucho menos educada, de esas frases”, recuerda Borrometi. Casi cinco años después, todavía no puede mover bien el hombro.

 

Eso no le impidió continuar reportando sobre la mafia y llevar a algunos de los mafiosos que lo amenazaron a la corte. Una noche, después de que un ataque con fuego casi acabó con su apartamento, la policía decidió ponerlo bajo protección de tiempo completo.

La mafia no se amedrentó.

 

“Te cortaremos la cabeza, incluso dentro de una estación de policía”, escribió el jefe local de la mafia en un mensaje público en las redes sociales.

 

Hasta ahora, sus reportajes —y las investigaciones de la policía— han expuesto una red más amplia de afiliados a la mafia que mueven los productos del mercado de frutas y verduras en Vittoria, Sicilia, al resto de Italia y Europa, asociados con otros grupos criminales.

 

Descubrió que una de las empresas que cultiva el famoso tomate Pachino, un tomate cherri especial certificado por el Ministerio de Agricultura de Italia, es propiedad de los hijos de dos mafiosos prominentes. Uno de ellos pasó más de dos décadas en la cárcel por vínculos con la mafia y ahora trabajaba en la empresa de su hijo.

 

La noticia se propagó, el ministerio tomó nota y sacó a la empresa de la lista de compañías que pueden vender tomates Pachino. Los mafiosos no solo se sintieron atacados por un reportero, sino que perdieron millones de euros de ganancias.

 

El mes pasado, los mafiosos decidieron recrudecer sus amenazas. La policía dice que interceptaron a un mafioso siciliano mientras analizaba un plan con sus hijos para matar a Borrometi con un carro bomba.

 

“Necesitamos ‘pirotecnia’ como en los años noventa, cuando uno no podía ni caminar por la calle”, dijo el hombre, a quien atrapó la policía por un teléfono intervenido. “Una muerte de vez en cuando es útil, para que los jóvenes se calmen un poco”.

 

Aludía a los tensos años cuando dos fiscales de Palermo, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron brutalmente asesinados junto con sus guardaespaldas, y por toda Italia explotaban carros bomba, matando a transeúntes y dañando edificios históricos.

 

En la conversación grabada, el hombre defendía el regreso a esa época sangrienta de intimidación abierta tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Desde entonces, no se han producido más ataques de la mafia con carros bomba.

 

“Esto muestra cuánto enoja el periodismo de investigación a la mafia, pues ella progresa cuando sus negocios se hacen en silencio”, dijo Nino Di Matteo —un importante fiscal que ha enfrentado a la mafia y por lo tanto también es un blanco principal— en televisión nacional unos días después de que la policía arrestó a quienes planeaban el ataque contra Borrometi.

 

“El periodismo tiene un papel fundamental en la lucha contra la mafia, en especial en un momento como este”, dijo Di Matteo, quien también está custodiado por guardaespaldas. “Creo que estamos subestimando un poco el peligro que la mafia representa para el país y su democracia."


Ex Juez español, Baltasar Garzón se llena los Bolsillos con Dinero de la Dictadura de Venezuela

 

Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso Mirror Magazine. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo.

 

Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos. Actualmente, el exjefe de la inteligencia chavista, que renunció a Maduro y apostó por Guaidó, se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.

 

La firma del contrato

 

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).

 

La «hoja de encargo de servicios jurídicos» no consistía en que Garzón o alguien de su equipo se convirtiera en abogado de Carvajal, sino en diseñar la estrategia de su defensa. El contrato se dividía en cinco bloques que suman 2,95 millones de euros. Solo tres meses después, en septiembre, cuando ya se habían realizado los primeros pagos, la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, anunció que adjudicaba a la misma empresa, Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares, unos 123 millones de euros al cambio actual.

 

Según la información que publicó Reuters, la adjudicación era para «remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicado en uno de sus terminales» (de Pdvsa). «El coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones», añadía la agencia.

 

De este modo, en el mismo tiempo –y en plena crisis venezolana– que una empresa de Wilmer Ruperti recibía un contrato millonario de la petrolera estatal, esa misma compañía pagaba a Garzón la estrategia de defensa del exjefe del espionaje chavista.

 

Como develó el diario español ABC en agosto de 2016, el contrato que ahora publicamos lo negociaron personalmente Garzón y el general Hugo Carvajal a finales de julio de ese año. El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército chavista.

 

De hecho, Carvajal ya había sido detenido en 2014 por esta reclamación en la isla caribeña de Aruba, de soberanía holandesa, pero cedieron a las presiones que Caracas y pudo escapar.

 

Según las fuentes consultadas por ABC, el informe de Garzón debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en estos procesos de narcotráfico, de ahí que el trabajo de Garzón también fuera aplicable al caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos en Haití por narcotráfico el 10 de noviembre de 2015 en una operación de la agencia antidroga estadounidense. Una corte federal de Nueva York los condenó en el año 2017 a 18 años de cárcel por intentar introducir en Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína suministrados por las FARC, la narcoguerrilla colombiana. Además, Ruperti reconoció haber pagado al bufete estadounidense que asumió la defensa de los «narcosobrinos».

 

En cuanto a la «hoja de encargo de servicios jurídicos» liderados por Baltasar Garzón a cambio de casi tres millones de euros, la partida más lucrativa, 1,7 millones, corresponde a la «investigación y elaboración de Informe Independiente». Le sigue la «conformación de Equipo de Trabajo», cifrada en medio millón de euros. Ilocad también cobraría un fondo para gastos que asciende a 250.000 euros; otros 300.000 eruos –en este caso anuales- por llevar la «estrategia de comunicación»; y 200.000 más por «servicios de Inteligencia e Investigación».

 

El contrato estipula que «el equipo de trabajo será elegido y formado por Ilocad, a cuyo frente estará su Director», es decir, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

 

Según los documentos consultados por este diario, las cantidades finalmente satisfechas ascendieron a al menos 1.850.000 euros de los casi tres millones presupuestados. La primera factura girada por Ilocad a Maroil Trading data del 20 de junio de 2016 y asciende a 500.000 euros para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». El 30 de agosto de ese año Ilocad emitió dos facturas más: 1.025.000 euros divididos en «formación grupo trabajo, elaboración informe y estrategia comunicación» y otros 250.000 para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». Por último, el 1 de diciembre de 2016 el bufete de Garzón facturó 75.000 euros, que correspondían a un trimestre de «estrategia de comunicación».

 

La respuesta de Garzón

 

Fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón se han remitido a un comunicado del año 2016 en el que reconocían que el exmagistrado «coordina un equipo multidisciplinar (...) para la elaboración de un informe (...) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a Hugo Carvajal». Añaden que no pueden dar ninguna información más «debido al deber de confidencialidad».

 

Garzón fundó Ilocad en junio del año 2012. Desde ese día y hasta finales de 2017, el último depósito contable disponible, el exjuez ha facturado con su empresa más de 14,3 millones de euros. Sus ingresos se comenzaron a disparar precisamente en el año 2016, cuando recibió los pagos de Ruperti por Carvajal, hasta facturar 3.495.061 euros. En 2017 la cifra de negocio alcanzó los 5,4 millones de euros.


Millonario Judío Acusado de Pedofilia, y Amigo de Donald Trump, se Suicida

en la Cárcel

 

"Tiene una profesora para ti que te puede enseñar a hablar ruso. Tiene dos por ocho años de edad, no es rubia, las clases son gratis, y puedes tenerla hoy si quieres".

 

Ése es uno de los mensajes del teléfono móvil de Jeffrey Epstein, el financiero y gestor de hedge funds arrestado en EEUU hace cinco semanas por tráfico de menores cuyo cadáver fue encontrado hoy con una marca en el cuello en la celda en la que estaba internado en solitario en una prisión de alta seguridad en la ciudad de Nueva York.

 

El suicidio, de cuya investigación se ha hecho cargo el FBI, ha desatado una considerable controversia, dado que Epstein ya había tratado de quitarse la vida tras ser arrestado. En aquella ocasión fue puesto en aislamiento y bajo medidas especiales, que incluyen la retirada d objetos como sábanas o prendas de vestir que puedan ser empleadas para hacer una soga. Hace pocos días, Epstein había salido de ese régimen, pero había sido mantenido incomunicado.

 

La lista de amigos de Epstein es como una Wikipedia de famosos. Y la lista de las personas a las que suministró -no está claro si gratis o pagando, o las dos cosas- mujeres -y, en particular, menores de edad- es casi igual de extensa.

 

El alcance de la red de Epstein quedó claro horas antes del suicidio, desde que las autoridades judiciales de Estados Unidos publicaran 2.000 páginas de testimonios del proceso judicial en su contra que amplían la lista de clientes de su red de prostitución en círculos políticos y en Wall Street y dan detalles sobre cómo funcionaba ésta.

 

Ahora ya está incontrovertiblemente claro, por ejemplo, que la 'mano derecha' del financiero era una mujer: la británica Ghislaine Maxwell, hija del empresario británico de los medios de comunicación (y presunto agente del Mossad, el servicio de espionaje de Israel) Robert Maxwell, que murió ahogado en Canarias en 1992, dejando tras sí un gigante del periodismo que era en realidad un inmenso fraude y quebró pocos meses después.

 

Hasta ahora, entre los presuntos clientes de Epstein destacaba el príncipe Andrés de Inglaterra, que había sido acusado por Virginia Giuffre, una mujer de Florida de 35 años, de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando la mujer era menor de edad y trabajaba para Epstein. Esas acusaciones -avaladas por una foto de Giuffre en la que el príncipe Andrés la agarra de la cintura en su casa, junto a Ghislaine Maxwell- provocaron la reducción de la agenda social del miembro de la familia real británica.

 

Pero, desde hoy, la lista de acusados por Giuffre se ha ampliado. Entre ellos destaca el ex gobernador de Nuevo México, enviado especial para Corea del Norte con Bill Clinton, ex secretario de Energía con ese presidente, y ex candidato a la presidencia con el Partido Demócrata Bill Richardson. También está el ex senador demócrata, mediador en el proceso de paz en Irlanda de Norte, enviado de Barack Obama para Oriente Medio, y ex presidente de la mayor empresa de comunicación y entretenimiento del mundo, Disney, George Mitchell. Otro nombre relevante es el científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, según sus siglas en inglés) y 'padre' de la Inteligencia Artificial Marvin Minsky.

 

Aunque acaso el nombre más llamativo sea el de Alan Dershowitz, un profesor de Harvard y abogado tradicionalmente demócrata, destacado defensor de Israel, que en los últimos años ha cambiado su afiliación política para convertirse en destacado partidario de Donald Trump. La implicación de Dershowitz es relevante porque el letrado formó parte del equipo jurídico de Epstein cuando éste fue procesado en 2007 por pederastia en Florida. Dentro de los detalles escabrosos de la declaración de Giuffre está haber practicado sexo oral a Dershowitz - que tiene 88 años - en una limusina en el estado de Massachusetts, donde está la Universidad de Harvard.

 

Giuffre entró en la órbita de Epstein cuando comenzó a trabajar en el club de campo de Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, en la época en la que éste y Epstein eran amigos. Allí, Maxwell la contrató parta ejercer de "masajista" para el financiero en 2000, cuando tenía 16 años. El siguiente paso fue la entrada en la red de prostitución de Epstein y Maxwell.

 

Epstein y Trump tuvieron una relación muy estrecha hasta que dejaron de hablarse hace más de una década. En su época de amigos, llegaron a celebrar una fiesta en Mar-a-Lago en la que ellos eran los únicos hombres, acompañados de 28 'chicas de calendario'. El actual presidente declaraba en aquella época que el financiero "es un tipo increíble; se dice que le gustan las mujeres todavía más que a mí, sobre todo tirando a jóvenes", y que declaró que Epstein era una persona muy amable porque invitaba a los niños de Palm Beach a usar su piscina.

 

Pero el financiero y presunto proxeneta y pederasta era demócrata, no republicano. Fue uno de los mayores donantes de la fallida campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008 y, pese a los desmentidos de éste, ha quedado claro que llevó a Bill Clinton en su avión privado forrado de piel de armiño en al menos siete viajes por todo el mundo. Otros amigos de Epstein son las estrellas de Hollywood Dustin Hoffman, Alec Baldwin, Ralph Fiennes, y Woody Allen; el cantante Phil Collins; y las estrellas del periodismo George Stephanopoulos (ex jefe de gabinete de Bill Clinton); y Charlie Rose (caído en desgracia en 2017 por su propio caso de abusos sexuales). También hay mujeres: Sarah Ferguson, duquesa de York, y ex esposa del Príncipe Andrés; la cantante de rock y viuda del líder de Nirvana, Kurt Cobain, Courtney Love; y la periodista Katie Couric.

 

Ese caso legal ya ha tenido consecuencias políticas en Estados Unidos. Apenas una semana después del arresto de Epstein, el secretario de Trabajo de ese país, Alex Acosta, tuvo que dimitir. La razón es que Acosta fue quien, en su posición de fiscal en Miami, cerró el procesamiento de 2007 con un acuerdo judicial con Epstein en virtud del cual se cerraba la investigación contra el financiero por delitos sexuales, y se silenciaba a las víctimas. Epstein aceptó una condena por solicitar los servicios prostitutas de 18 meses de cárcel, que sirvió en una sección especial de la prisión de Palm Beach solo para él, de la que fue puesto en libertad cinco meses antes de concluir la condena, contraviniendo la legislación del condado de que los culpables de delitos sexuales cumplan sus condenas completas.

 

¿Qué Ocurrirá Ahora con el Caso Epstein?

 

El suicidio de Jeffrey Epstein ayer en su celda de la prisión de Nueva York ha dejado muchas dudas.

 

Por un lado, el FBI investiga las circunstancias que rodearon la muerte del magnate, cercano a Trump y acusado de organizar una red de tráfico sexual de menores.

 

Tras un primer intento de suicidio a finales de julio, Epstein había estado bajo vigilancia constante. Sin embargo, el nivel de monitorización no se mantuvo. El sábado por la mañana, el personal de la prisión encontró a Epstein colgado en su celda, lo que ha resucitado el debate sobre la capacidad de las prisiones federales para mantener con vida a las personas que custodian, como informan medios estadounidenses como el Washington Post .

 

Por otra parte, la muerte del magnate deja a las víctimas de los delitos sexuales sin la posibilidad de enfrentarse a él en juicio. Tras conocerse la noticia, muchas de ellas pidieron ante los medios que el caso siguiera adelante para juzgar una red que implicaría a más personas además de a Epstein.

 

"Epstein ya no está, pero debe hacerse justicia igualmente", ha dicho Jennifer Araoz, que acusó a al empresario de violarla cuando tenía 15 años. Araoz confía en que "las autoridades persigan a sus cómplices y facilitadores, y aseguren la compensación de sus víctimas".

 

El suicidio tuvo lugar menos de 24 horas después de que un juzgado estadounidense hiciera públicos cientos de documentos sobre las supuestas actividades de Epstein, algo que para los víctimas y sus representantes no es ni una coincidencia, ni un motivo para dejar de investigar.

 

Según el News York Times, los fiscales están mirando más allá de Epstein. De hecho, entre los cargos por los que fue encarcelado a principios del mes pasado figura el delito de conspiración.

 

Lisa Bloom, que representa a dos de las denunciantes, pidió al estado de Epstein que congelara sus activos para que no se iniciara el reparto entre sus herederos, declaraciones recogidas por el Washington Post. Brad Edwards, abogado de otra de las denunciantes, reconocía que éste no era el final que esperaban. "El hecho de que Jeffrey Epstein fuera capaz de cometer el acto egoísta de quitarse la vida cuando su mundo de abuso, explotación y corrupción comenzaba a descubrirse es desafortunado y previsible", afirmaba. "Las víctimas merecían ver a Epstein asumir su responsabilidad".


Familia Pujol Tiene Otros 18 Millones de Euros Ocultos en Suiza 

 

Las autoridades suizas comunican a la Audiencia Nacional que la familia Pujol ocultó en Suiza un fondo de inversión con casi 18 millones de los que transfirieron al menos 8 a Luxemburgo. MIRROR magazine ha tenido acceso en exclusiva al contenido de la comisión rogatoria librada por el juez José de la Mata al país helvético, que vincula al clan catalán con un depósito que llegó a tener 17.935.861,97 euros. Se trata del valor teórico alcanzado por las inversiones familiares en un hedge fund denominado Selecta y en el que figura también el conocido empresario catalán Carlos Tusquets Trias de Bes.

 

El instructor del caso Pujol, que ya dispone de la nueva documentación, reitera que "la familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas".

 

Tal como se ha revelado, De la Mata acaba de descubrir lo que a su juicio constituye una fortuna oculta de la familia en Andorra a nombre del empresario Francesc Robert Ribes a través de media decena de nuevas cuentas bancarias cuyo importe está todavía por cuantificar. No obstante, Hacienda ya eleva a 9 millones de euros la cantidad de fondos inéditos que la familia habría desviado utilizando la red societaria de Robert Ribes a Panamá, a quien Anticorrupción apunta como testaferro del clan catalán.

 

"DINERO DISTINTO DEL CONOCIDO"

 

La familia Pujol arguye, sin embargo, que estos fondos no son nuevos y que el dinero movido por el referido empresario no le pertenece. De hecho, considera que la Justicia no ha aflorado ningún dinero por el que los Pujol no hayan sido ya preguntados en sede judicial. Por contra, la Fiscalía sostiene que se trata de "dinero distinto del conocido hasta el momento". A dichas operaciones se suma ahora la más cuantiosa de todas, que roza los 18 millones.

 

En la gestión de los fondos familiares el juez De la Mata señala al primogénito Jordi Pujol Ferrusola, de quien considera "reiteradamente acreditado la utilización de la jurisdicción suiza y otras para distintas operaciones encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos, a su vez ocultos en Andorra y otras jurisdicciones".

 

En cuanto a las operaciones de Suiza, que parten siempre del dinero que la familia Pujol atribuye a la herencia familiar, la Audiencia Nacional destaca, como la "más importante con bastante diferencia", una transferencia realizada por Jordi Pujol Jr. el 27 de septiembre de 2002 por valor de 4.409.212,43 euros en dirección a una cuenta de JP Morgan en el país helvético. El dinero, que procedía de cuentas familiares en el Principado, algunas de ellas a nombre de su hermano Oleguer y de su ex mujer Mercé Gironés, terminó en un depósito a nombre de Selecta Fund Ltd.

 

Jordi Pujol Jr. ya fue interrogado por esta operación concreta ante el juez en al menos dos ocasiones: en febrero de 2016 y abril de 2017 y explicó que se trataba de una inversión financiera. El hijo mayor del ex presidente catalán añadió que ese dinero era sólo suyo, toda vez que ya se había repartido la célebre herencia entre sus hermanos. Asimismo, subrayó que acabó perdiendo gran parte de ese dinero porque las inversiones realizadas fueron fallidas. La comisión rogatoria documenta ahora al detalle la operación que ya describió Pujol Jr.

 

UN SALDO NETO DE 17,9 MILLONES

 

El depósito suizo analizado ahora por la Audiencia Nacional llegó a registrar un saldo neto de 17,9 millones. El juez atribuye a Pujol Jr. como "beneficiario" del mismo aunque había otros inversores. De esos fondos, en diciembre de 2004, la familia transfirió 8.002.162,47 euros a la entidad Pictet & Cie de Luxemburgo.

 

El hedge fund en el que los Pujol invirtieron parte de su fortuna andorrana, que constituía un producto bancario que reportaba grandes beneficios pero entrañaba también importantes riesgos, fue constituido en julio de 2001 con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

 

La Policía Judicial y el juez De la Mata consideran, tras analizar la documentación remitida por Suiza, que "no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa bancaria por parte de Pujol Ferrusola en colaboración con Tusquets Trias de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis".

 

La investigación del caso Pujol termina el próximo mes de septiembre y Anticorrupción prepara ya su escrito de acusación contra la familia por blanqueo de capitales procedentes de la corrupción incorporando estas nuevas operaciones al tiempo que afronta el flanco más endeble de las pesquisas: la conexión de este dinero con los contratos públicos de la Generalitat de los que sostiene que procedían las comisiones que cobró el clan.

La Impresionante Zaga Delictiva de los Pujol

 

La forja de la gran fortuna de la familia: cómo contaron hasta con el príncipe Tchokotoua, con los corruptores de la Kirchner en Argentina e incluso con un blanqueador de dinero procedente de la droga... Según el último, y demoledor, informe de la UDEF, son puro "crimen organizado".

 

La clave AND09871 no corresponde al nombre de un androide, ni a la identificación de un planeta. Es la puerta hacia una realidad todavía más explosiva y todavía inasible, a veces epatante, cuyos límites aún no han podido ser determinados. Se trata de la numeración de la primera cuenta que la familia Pujol abrió en Andorra el 21 de noviembre de 1990, el lugar por el que a partir de esa fecha empezaron a fluir «capitales de origen desconocido» y que fue el primero en el que se fijó la Policía para desarrollar unas investigaciones que han destapado el mayor caso, cuantitativa y cualitativamente, de corrupción de la historia de España.

 

Los miembros del clan Pujol institucionalizaron el soborno y la corrupción en Cataluña, provocaron la «muerte social» de quienes se resistían y en su aspiración por dominar el mundo se juntaron con lo mejor de cada casa, desde socios con los que blanqueaban el dinero de la droga, hasta empresarios acusados de sobornar millonariamente en Argentina a la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner. Han compartido testaferros con Correa y Rato, y, puestos a pagar comisiones para abrirse camino en los ámbitos más insospechados -desde los vertederos, a los casinos y a la venta de material médico-, se las pagaron hasta al príncipe ya fallecido Zourab Tchokotoua, amigo personal del Rey emérito.

 

El informe de la UDEF que afirma todo esto, todavía en condicional y presuntamente, y que ha sido recientemente entregado al juez, sostiene que los miembros que integran la almendra familiar responden perfectamente al concepto de «crimen organizado» y, por primera vez, cuantifica en 290 millones de euros el dinero del que se han apropiado. Aunque de un modo reconocidamente impreciso e inexacto. Claramente a la baja.

 

BAILE DE CIFRAS Y NUEVOS PAÍSES

 

Desde que un informe de la Policía publicado por El Mundodestapase crudamente el secreto a voces del enriquecimiento espurio de la familia Pujol, se han dado muchas cifras. Inicialmente, los análisis más serios afirmaban que las sociedadas controladas principalmente por los mayores de la familia habían «movido» al menos 581.270.429 euros.

 

Documentos policiales más imprecisos aseguraron después que se trataba de «una de las fortunas más grandes de España», tan grande que causaba «estupor». Y, más tarde, desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, que chapoteaba en la batalla sorda que se libraba en las cloacas del Estado, se llegó a afirmar que las posesiones del clan catalán estaban valoradas en 1.800 millones de euros.

 

Probablemente las cantidades con las que han trabajado los Pujol se acerquen a esta última cifra, pero no se trataría de dinero necesariamente de su propiedad sino correspondiente a las transacciones que han venido realizando con los años. Aunque, por el momento, ni siquiera eso está acreditado. El redactor del último informe de la UDEF, que se atreve con la cifra de los 290 millones, reconoce que hay lagunas en los cálculos porque muchos países no han querido colaborar. «Es previsible», se lamenta, «que el conocimiento de lo ocurrido en las posiciones financieras que se ostentaron en dichos lugares alterara sustancialmente los cálculos».

 

Y no ha tardado en comprobar cuánta razón tiene porque desde que firmó sus conclusiones -el 31 de julio- y cuando a penas faltan unas semanas para que la instrucción acabe en la Audiencia Nacional, dos países han enviado datos cruciales. Andorra ha comunicado el número de cinco cuentas relacionadas con los Pujol y desconocidas hasta el momento; Suiza ha revelado que ha encontrado un fondo de inversión perteneciente a la familia con 18 millones más procedente de «conductas corruptas». Y Hacienda ha descubierto que, con el entramado societario de Robert Ribes, un testaferro andorrano, la familia ocultó otros 9 millones en Panamá.

 

Probablemente el momento más llamativo de esta historia se produjo al principio, cuando salió a la luz aquella conversación entre la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola (JPF), Victoria Álvarez, y la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, grabada en el restaurante La Camarga de Barcelona por la agencia de Detectives Método 3 por encargo de los socialistas catalanes. Poco a poco empezó a saberse que aquella acusación que Pascual Maragall, entonces President, lanzó en 2005 en el Parlament a la cara de Jordi Pujol sobre el cobro de comisiones del 3% -y que después retiró- era una nimiedad al lado de lo que de verdad estaba ocurriendo.

 

Victoria Álvarez contó cómo JPF ingresaba dinero a espuertas en bancos andorranos y lo trasladaba a la antigua usanza, en el maletero del coche. Se supo que el clan, se hacía pasar por la Sagrada Familia en los bancos del país vecino, que Marta Ferrusola, la matriarca se hacía llamar la madre superiora y que, cuando quería trasladar dos millones de euros, pedía que le mandasen «dos misales». Y trascendió la colección de coches de lujo -salieron fotos del Lamborghini de más de 800.000 euros- que JPF había comprado a precio de ganga. Nada extraño en alguien que pasa el ticket del peaje la autopista a la empresa.

 

Pero el president seguía asegurando que todo aquel mundo de excesos en el que él no parecía encajar tenía su origen en la fortuna familiar, en la herencia que le dejó su padre y que había sido convenientemente administrada. Como hiciera con Maragall, de nuevo sacó las uñas desvergonzadamente en la comparecencia parlamentaria. «Si vas segando una parte de una rama, al final cae toda la rama y los nidos que hay en ella hasta caer el árbol entero», soltó.

 

BANCA CATALANA

 

Sin embargo, las investigaciones policiales no tuvieron inconveniente en remontarse hasta la raíz. Estas pesquisas niegan tajantemente que la herencia de Pujol y Ferrusola estén en la base del dinero de la familia. No hay ningún documento notarial que lo demuestre. Y se remontan a los tiempos de Banca Catalana en 1984 porque los investigadores creen que ésa es la base patrimonial de lo que después crecerá de forma exponencial. Explica los 600 millones de pesetas de la venta de la entidad y recoge los casi dos millones de un préstamo recibido por la familia no devuelto en un caso oscuro cuya investigación nunca convino políticamente, según el fiscal que la llevó a cabo.

 

A partir de ahí, los agentes han intentado desgranar cada operación, las grandes y las pequeñas. Porque aunque es cierto que hay operaciones de los Pujol en las que se manejan millones, la mayoría de los pagos son de cantidades modestas. Los investigadores afirman que «desde antaño la familia Pujol Ferrusola habría aprovechado su posición privilegiada en pro de acumular un patrimonio desmedido». Cobraban comisiones interviniendo en todos los departamentos y en todos los niveles de la Administración, una parte de las cuales pasaba a Convergència i Unió -JPF actuó como tesorero de la formación-mientras la otra era ingresada en sus cuentas en el extranjero. Hay fotografías de post it en los contratos donde se calcula el 5% de la inversión para donarla como coima.

 

Dos agendas personales de JPF, el más activo de todos en una familia que «se repartía los papeles», encierran más de 29 visitas a departamentos de la Generalitat, Fomento, Diputación... Hay una entrada de 8,3 millones de pesetas procedentes de la venta realizada por De la Rosa de un edificio a la Generalitat por un monto de 1.500 millones. Más tarde constan los 5,6 millones de euros obtenidos por «idear» y vender los vertederos de Guïlles y Vacamorta, instalaciones que se pusieron en marcha a pesar de estar plagadas de irregularidades, gracias a la intervención directa de los Pujol. Una operación que necesitó de todo un despliegue de ingeniería financiera para ocultar los ingresos:Andorra, Suiza y la empresa Nordics APS en Dinamarcaparticipada por una sociedad domiciliada en la Isla de Man.

 

Pero el informe también contabiliza las comisiones más frecuentes, las más modestas, como la de 391.450,40 euros obtenida por los servicios contratados y no prestados en el caso ITV; o los 348.000 euros en concepto de colaboración en proyectos y concesiones de infraestructuras en México; o los 188.777 del proyecto de construcción de redes eléctricas en Gabón.

 

Como un modo de contextualizar la forma de conducirse de la familia Pujol, el informe de la UDEF recoge momentos especialmente delicados. El investigador llama la atención del juez sobre la relación entre Jordi Pujol Ferrusola y los hermanos Felip (consejero en el Govern) y Jordi Puig, socio suyo en algunos negocios. Según cuenta, Jordi Puig le debía a JPF 260.000 euros por, presuntamente, la inversión conjunta de un inmueble que se negaba a pagarle y éste se los reclamó a Felip.

 

El modo como se realiza la devolución final del dinero sugiere blanqueo de capitales a los policías que añaden: «Es factible que se utilizara dinero con proveniencia en otros tipos delictivos más graves como el tráfico de estupefacientes a gran escala atribuible a terceros». La UDEF aclara que Pujol no tiene nada que ver con la droga pero sugiere que su socio sí y que él lo sabía.

Los Pujol, según la investigación, usaron como testaferro a Juan Manuel Rosillo, un empresario de origen mexicano que llegó cuando las Olimpiadas, puso en marcha la construcción del barrio de diagonal Mar, fue condenado por defraudar a Hacienda 8,5 millones y acabó escapando a Panamá tras haber provocado en estado de embriaguez un accidente de tráfico en el que murió una persona.

 

Vendieron apartamentos en Panamá a miembros de la mafia rusa que al sentirse engañados estuvieron a punto de darles un susto. Y se aliaron en Argentina, donde optaron a la gestión de tres casinos, con Isolux, cuyos responsables estuvieron involucrados en el caso de Los Cuadernos del Centeno, provocado por las notas que tomaba un taxista cada vez que acompañaba a un alto cargo del gobierno argentino a la sede de una gran constructora para recibir dádivas en metálico. La que fuera presidenta Cristina Kirchner fue investigada por haber cobrado más de 12,6 millones de dólares de Isolux.

 

La voracidad de los Pujol, según los informes policiales, no parece tener barreras. Relatan desde las dificultades que han tenido para obtener pruebas y testimonios por el temor de la gente a enfrentarse a ellos hasta algunos actos de chantaje. «En noviembre del año 2000, una de las principales mutuas de salud en Cataluña llamada L' Aliança fue sometida parcialmente a intervención administrativa por parte de la Generalitat con ocasión de sus irregularidades financieras. Sospechosamente, el Departamento de Economía levantó las restricciones gubernativas coincidiendo con la facturación por parte del holding Europraxis a esa mutua de 109.669,93 euros», describen.

 

Y es una voracidad que atribuyen también a la familia política. Según el testimonio de los antiguos propietarios de la empresa Focio, la Administración les hizo la vida imposible -les precintaron un parking para camiones, les declararon los terrenos inundables- hasta que cedieron y vendieron unas propiedades al Grupo Copisa, una de las múltiples empresas que recurrieron a los servicios de Jordi Pujol Ferrusola. Tras la escrituración tuvieron que pagar una intermediación que nunca había existido. «Apareció por la sede de la empresa Ramón Gironés, padre de Mercedes Gironés -ex esposa del mayor de los Pujol- para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta» de más de 30 millones de euros. Decidieron pagar un 1% .

 

Negocios madereros y hosteleros en México, ferroviarios en Marruecos, de suministros médicos en Uganda, de casinos en Argentina... No hay sector que se resista a cubrir de maná a la familia Pujol que ha hecho lo posible por impedir la acción de la Justicia -pagó un dineral a un testaferro para que mintiera al juez- y que no se deja arredrar. JPF fue acusado de evadir 14 millones en plena investigación y de intentar blanquear dinero desde Soto del Real. Los Pujol aseguran, sin embargo, que se van a hacer un Sandro Rosell y todo va a quedar en nada. Cosas de una familia que se cree todavía sagrada.


Gobierno del Ecuador da a Conocer el Comportamiento Aberrado de

Julian Assange en la Embajada en Londres

 

El goteo de informaciones sobre la prolongada y turbulenta estancia de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres continúa saliendo a la luz. A las acusaciones de injerencia en asuntos internos de países extranjeros y de perturbación de las normas de convivencia en la legación, se suma ahora a la lista un informe emitido ayer por la Controlaría del país sudamericano.

 

El documento, que da cuenta de faltas de respeto, agresiones e insultos por parte de Assange y algunos de sus visitantes al personal de la delegación, revela también detalles sobre la falta de salubridad del hacker durante su reclusión. Entre otras cosas, señala que, debido a la falta de higiene en sus dependencias, la embajada llegó a contratar un seguro médico para sus miembros debido al riesgo para la salud que esto suponía para los trabajadores de la legación. También que el 50 por ciento de la comida que se le proporcionaba acababa desechándose al no consumirse, o bien caducaba.

 

Igualmente, el escrito denuncia el uso lúdico que el australiano hacía de la Embajada, en la cuál organizaba fiestas y recepciones. Además, algunos de sus invitados llegaron a pasar la noche en la estancia en varias ocasiones. También cuestiona una serie de gastos acometidos por la legación desde 2012 –año del ingreso de Assange en la embajada– sin documentación que respaldase su necesidad, como la compra de muebles y equipos, asesoría legal y de comunicación, alimentación, internet, adecuaciones físicas y gastos médicos, todo ello por un valor total de 795.000 dólares.

 

Además, no contento con ser alojado en una de las mejores oficinas de toda la legación y contar con un espacio complementario para sus actividades, el equipo del programador pidió a las autoridades ecuatorianas que comprara una dependencia ubicada en el mismo edificio de la Embajada para «mayor comodidad» del activista.

 

Por otra parte, la Controlaría documenta asimismo inconsistencias e irregularidades en el proceso de naturalización de Assange, a quien le fue concedida la nacionalidad ecuatoriana en 2017. De acuerdo al borrador, no se habrían abonado 800 dólares en concepto de aranceles para la entrega de la carta en la que se oficializaba la naturalización. En consecuencia, la Cancillería calificó de «lesivo» el acto administrativo y suspendió de inmediato sus efectos.

 

Assange fue entregado a las autoridades británicas el pasado 11 de abril después de que Ecuador le retirara el asilo debido a un largo deterioro de la relación entre ambas partes.


 Dictadores de Cuba, Raúl

Castro y Díaz-Canel Denunciados

ante La Haya y la ONU, por

Practicar la Esclavitud

 

Después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la AsociaciónCuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por «la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos», recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

 

Esas personas son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

 

La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales.

 

El presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, explica cómo ha sido la elaboración de la denuncia: «Ha tomado casi un año de trabajo de documentación en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos queejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica».

 

En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas...) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.

 

Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suma las condiciones de vida a la que han sido sometidos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecucion y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.

 

Principal fuente de ingresos

 

Según datos de la ONG CubaArchive, que lleva un riguroso registro de los actos de represión que lleva a cabo el régimen cubano desde hace décadas, los ingresos de Cuba derivados de estas misiones habrían alcanzado hasta los 10.000 millones de dólares en 2014, cuando fue su pico máximo, que bajarían a 8.000 en 2016. Una cifra, esta última, que triplica los ingresos por turismo, su segunda fuente de ingresos. De ahí la importancia para el régimen de conservar los activos (los médicos), que no duda en aplicar diversas medidas de represión que los disuada de abandonar las misiones y quedarse en el país en el que ejercen la actividad sanitaria.

 

La denuncia, que además de ser presentada ante La Haya ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y ha sido trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en más de un centenar de testimonios. De los 110 testimonios reunidos, 64 son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46 restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus familias sean víctimas de la represión del régimen.

 

La denuncia de Cuban Prisoners Defenders y la ONG Unpacu se produce meses después de que el presidente electo entonces, Jair Bolsonaro, denunciara los abusos del programa Mais Medicos y exigiera al gobierno cubano una serie de cambios en las condiciones de los trabajadores sanitarios. El régimen se negó y canceló el programa, repatriando a gran parte del personal médico, pero no a todo. Se calcula que de los 8.300 médicos cubanos que ejercían en Brasil, unos 2.000 decidieron quedarse en el país como consecuencia de la oferta de asilo que ofreció Bolsonaro.

 

El Gobierno de Brasil pagaba más de 4.200 dólares de salario por cada médico, de los que el facultativo recibía 400, otros 40 iban a su familia en Cuba, 10 dólares eran destinados a pagar la cuota del Partido Comunista cubano, mientras que 450 dólares permanecián requisados por el Gobierno cubano en una cuenta, que serían entregados al regresar el médico a la Isla. El resto, 3.300 dólares iban a parar a las arcas del Gobierno cubano.

 

Testimonios

 

La recogida de testimonios ha sido uno de los aspectos más importantes pero también uno de los más complicados a la hora de elaborar la denuncia: «Varios aspectos han sido especialmente complejos -reconoce Larrondo-. En un momento determinado unos agentes de la seguridad del Estado me entretuvieron durante tres meses para evitar que consiguiera testimonios de médicos haciéndome creer que ellos me los conseguirían todos-, pero mi intensidad en el trabajo fue tal que cuando me di cuenta del engaño la propia necesidad de dar fin al trabajo me llevó a descubrir que gracias a mi experiencia en la creación de einforma, concepto que cree y he dirigido durante años, me abría la puerta a conseguir los testimonios realizando una campaña publicitaria que utilizó el público objetivo segmentado de Facebook para llevarles a una página de testimonios a la cual accedieron más de 15.000 personas».

 

Muchas de estas personas no respondieron ante el miedo a una posible represión, pero sí logró en torno a 70 testimonios, «de los cuales salieron 46 declaraciones completas y verificadas. En ese momento -continúa Larrondo- me di cuenta de que habíamos logrado cerrar el círculo Porque mientras tanto había seguido trabajando en la documentación obteniendo muchísimo más que si las declaraciones las hubiera obtenido al principio. El resto solamente fue ir enseñando el trabajo a diferentes agentes políticos y mediáticos que abrieron las puertas para facilitarnos la labor de denuncia«.

 

La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, incluye una encuesta realizada a estas 46 médicos, que muestra cómo el 56,2% de ellos no se presentó voluntario para participar en la misión que le fue asignada, mientras que el 39,13% lo hizo «presionado por causas coercitivas», según apunta la denuncia. El 50% reconoce que se sintió obligado a aceptar «ante el temor a ser marcado negativamente en mi entorno laboral y/o personal». Sin embargo es la extrema pobreza que sufre gran parte de los ciudadanos cubanos y el bajo salario que percibe un médico en la Isla –entre 30 y 50 dólares mensuales– los que llevó al 97,83% a participar en las misiones.

 

Represalias contra los «Traidores»

 

Una de las denuncias por crímenes de lesa humanidad se centra en la persecución que sufren los trabajadores civiles que participan en las misiones. Una persecución que comienza desde el propio reclutamiento, según los denunciantes. Los médicos y profesionales que deciden no enrolarse «sufren un señalamiento público e institucional por el cual pasan a ser considerados “traidores”, de este modo comienza un calvario». Un calvario de represión que incluye que le sean negados los servicios públicos a los que tienen derecho en Cuba, sus hijos sean expulsados de la escuela, además de ser «estrictamente vigilados por las Fuerzas de Seguridad del Estado».

 

Al reclutamiento forzoso se suman otros abusos como el alejamiento de sus familias, que no pueden visitarlos;no se les ofrece ningún contrato, se les retiran los títulos académicos para que caso de abandonar el programa no puedan trabajar en ningún otro lugar; se les niega el pasaporte corriente, y se les confica al llegar a su destino el pasaporte de «misión». Viven hacinados en estancias comunes y deben pedir permiso para salir. Se les prohíbe mantener relaciones sentimentales y casarse con locales (algunos médicos han podido hacerlo tras demandar a las empresas, intermediarias del Gobierno de cubano, que los ha contratado). En caso de abandonar la misión, serán víctima de la justicia cubana que aplica el artículo 135, que contempla penas de hasta 8 años de cárcel; mientras que si lo que sucede es que el médico no vuelve a Cuba tras concluir la misión, la pena es la «expatriación forzosa» pues se le prohíbe volver al país durante un periodo de ocho años.

 

Falseamiento de estadísticas

 

Entre las obligaciones que deben complir estos médicos, que están obligdos a participar en sesiones de adoctrinamiento político, se encuentran también la de espiar a sus compañeros y delatarlos en caso de que su comportamiento contravenga las normas del régimen, o haya intención de desertar. A la dificultad de su forma de vida, se suman también las largas jornadas de trabajo (más de 60 horas semanales), y lo que en ellas se les exige, como «alterar las estadísticas de trabajo». Se les ordena duplicar el gasto en material, que tiran a la basura, con la intención de reflejar un mayor número de visitas y atención a pacientes.

 

El fin de este falseamiento, según la denuncia, es obtener «más fidelización del cliente» al tratar a 2.000 pacientes en lugar de 1.000. Otro objetivo es que estas falsas estadísticas vayan a la Organización Panamericana de Salud (OPS), afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de las Naciones Unidas.«Este servicio de consultoría de tergiversación de datos nacionales ha sido el gran aliado de Cuba en las relaciones con gobiernos y/o países altamente corruptos». Como consecuencias de este comportamiento, los denunciantes hacen un llamamiento a las Naciones Unidas para «averiguar qué países y en qué medida han estado alterando sus estadísticas gracias al régimen de Cuba y sus profesionales cualificados en estado de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos».

 

Adoctrinamiento político

 

Otro aspecto que recoge la denuncia es el uso que el régimen hace de sus trabajadores en el exterior: además de como medio para conseguir ingresos, los utiliza como instrumento de adoctrinamiento político. Esto ha sucedido en Venezuela. Según el testimonio de uno de los médicos, el doctor C. R. D., en época de elecciones se les daba una lista de las casas que tenían que visitar con unos apuntes específicos que funcionaban como una clave. Se trataba de atender a tres tipos de pacientes, que diferenciaba entre «sanos» (chavistas reconocidos), «enfermos» (anti-chavistas declarados) y «en riesgo» (de los que no se sabía a quién iban a votar).

 

Según los testimonios recogidos, los médicos debían visitar casa por casa para «censar políticamente» a las familias, «además de atraerles» hacia las opciones de Chávez y Maduro. En periodo de elecciones las acciones de los médicos cubanos debían ser más activas: a los «enfermos» (anti-chavistas) no se les visitaría por no ser «útil» hacerlo, relata la denuncia; a los «sanos» (chavistas) se les regalarían vitaminas y algún medicamento; y a los «en riesgo» se les regalarían vitaminas y se les alertaba que si ganaba la oposición las elecciones esta acabaría con los médicos cubanos y perderían la atención sanitaria. Algo similar habría sucedido también en Brasil, durante la última campaña electoral.

 

La denuncia ante La Haya, que defiende el abogado español Jesús Imbroda, que también ha llevado ante la CPI una denuncia presentada por la exfiscal general Luis Ortega contra el régimen chavista, ahora deberá seguir su cauce. Los denuciantes alertan de que no será aplicable el principio de complementaridad, pues «el régimen dictatorial cubano no va a ejercer actividad judicial alguna para exigir responsabilidades penales por los crímenes que son objeto de denuncia».

 

Pruebas «irrefutables»

 

Sobre cuáles son las expectativas de que esta progrese y sean condenados Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, entre otros miembros del régimen cubano, por crímenes de lesa humanidad, Larrondo se muestra optimista. «Lo que hemos presentado es tan inatacable que sólo necesita de la voluntad jurídica de estudiarlo adecuadamente y para ello nos dimos cuenta que había que vencer el factor político y generar presión colateral poniendo la demanda en todos los foros posibles y haciendo una notoriedad sobre esta que obligase a estudiar su contenido», subraya. «Sabíamos -continúa- que si se estudiaba el contenido las pruebas eran irrefutables. No sé si lo hemos conseguido, pero desde luego ese ha sido el camino y la intención y en estos momentos todo nuestro esfuerzo y los derechos humanos de once millones de personas -la población de Cuba- quedan en manos de la opinión pública y primeramente del periodismo que tiene una labor primordial en la salvaguarda de los derechos y las libertades de las naciones».


Los Argentinos, ese Pueblo de Excéntricos. Ahora quieren Elevar a

la Categoría de Santa a Eva Perón

 

Todo aquel que les llena las almas de fanatismo es considerado un Dios en Argentina. La esquizofrenia de un

pueblo siempre fuera de sus cabales desde la noche de los tiempos

 

Decenas de turistas y fieles peregrinan a diario hasta la tumba de Eva Perón, Evita, en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires. La mayoría le saca fotografías, pero hay también quienes besan su nombre, rezan frente a ella en silencio y le escriben peticiones en papeles que dejan entre las rejas negras de la bóveda familiar de los Duarte. Son algunos de los que consideran a Evita una santa popular por su abnegada entrega a los pobres y la creen capaz de hacer milagros. Poco después de su muerte, en 1952, el sindicato de los canillitas (quiosqueros) pidió al Vaticano la apertura del proceso de canonización, una demanda que fue rechazada. En el centenario de su nacimiento, la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, ha anunciado que volverá a intentarlo.

 

"Se va a pedir el trámite de beatificación", avanzó el martes Héctor Daer, dirigente de la CGT.  "Hay muchísima gente, gente grande, contemporáneos a Eva, que le han pedido cosas y que han sentido que esas cosas devienen de ahí", argumentó el gremialista en diálogo con radio La Red. Daer subrayó que la figura de la segunda mujer del expresidente argentino Juan Domingo Perón "es un símbolo para un sector más que importante de la sociedad argentina y por eso uno la rescata de esta manera". El cadáver de Evita permaneció tres años en la CGT hasta que fue robado en 1955, tras el golpe de Estado que derrocó a Perón, y permaneció 14 años desaparecido.

 

Para declarar a una persona beata, el paso previo a la santificación, se debe probar que los fieles piden favores a Dios a través de ella y la realización de un milagro. Como Eva Perón murió en Buenos Aires, el pedido tiene que hacerse ante el arzobispado de la capital argentina, hoy encabezado por el cardenal Mario Poli. De aceptarlo, comenzaría en Argentina el estudio de su candidatura, que incluye el análisis de sus escritos, discursos y la declaración de testimonios. El caso pasa a la la Santa Sede sólo en el caso de que toda esa evaluación previa resulte satisfactoria. Una vez allí, la Congregación para las Causas de los Santos es la responsable de un segundo análisis de su vida y obra.

 

Daer señaló que hay una comisión de jóvenes que trabaja en la recolección de información para presentar ante el arzobispado de Buenos Aires. Sin embargo, desde la Iglesia católica creen que este nuevo intento de beatificación tampoco prosperará. Según fuentes eclesiásticas citadas por Clarín, el trabajo de Eva Perón a favor de los más necesitados no es motivo suficiente, ya que debería haber ido acompañado de una práctica religiosa y de una ortodoxia doctrinal.


Odebrecht la Constructora del Diablo. La Gran Corruptora

de América Latina

La bala que acabó con la vida de Alan García puso fin al terror del expresidente a pasar una larga temporada en la cárcel y no apenas los diez días que, de forma preventiva, había ordenado el juez. El revólver, un Colt 38 que eligió para volarse la tapa de los sesos, evitó que el hombre que en vida había sido conocido por el apodo de «Caballo loco», pudiera seguir con su defensa contra las acusaciones de sobornos a cambio de adjudicaciones de Obras Públicas, a la constructora brasileña Odebrecht, durante su segundo Gobierno (2001-2006).

 

La muerte del último político peruano capaz de enamorar a las masas y hablar sin respiro deja sin un protagonista importante a la investigación judicial, pero no parece que pueda impedir que la verdad, toda la verdad del caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en América jamás conocida, sea revelada. Especialmente en Perú y en Brasil, donde la justicia trabaja sin descanso. La mayoría de los países de Iberoamérica, de México a la Argentina, con escala en Panamá, Guatemala, Salvador, República Dominicana (con sentencia y una decena de involucrados presos), Venezuela, Colombia o Ecuador (el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años) tienen su «caso Odebrech» en el marco de la operación «Lava Jato» (Lava coches) que impulsó el exjuez y actual Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.

 

La multinacional, con ramificaciones en África, desarrolló todo su poderío en la construcción de túneles, puentes, carreteras, gasoductos, potabilizadoras de agua, soterramiento de ferrocarriles, plataformas, instalaciones eléctricas o de cualquier otro sector que necesitaran el despliegue de grúas, apisonadoras, perforadoras y maquinaria de precisión.

 

Indultado, de aquella manera, Alberto Fujimori por crímenes de sangre, el resto de los presidentes vivos de Perú están procesados, presos o huidos como consecuencia del escándalo de corrupción que reescribió la historia del continente. Entre 2001 y 2006 gobernó Alejandro Toledo. Con orden de busca y captura internacional, el expresidente se refugió en Estados Unidos para evitar seguir los pasos de Ollanta Humala (2011-2016) quien, tras una escala de nueve meses en prisión, como su mujer, Nadine Heredia, goza, de momento, de la libertad provisional.

 

Del hospital a la cárcel

 

El corazón del acorralado Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) no asimiló bien la noticia que Alan García convirtió en tragedia. Con más de 80 años PPK, el presidente que perdió el poder en un intento de intercambio de impunidad a cambo de la libertad de Alberto Fujimori, sufrió una sacudida coronaría y se encuentra en cuidados intensivos. Cuando se recupere le esperan, preventivamente, tres largos años a la sombra, tiempo estimado para esclarecer el alcance de su participación en operaciones de lavado de dinero de origen fraudulento (Odebrecht).

 

En esa condición de reclusión, con sentencia firme, se encuentra Luiz Inacio Lula Da Silva, el presidente (2003-2010) que pasó de ser considerado el demonio rojo a enamorar al mundo con su historia de superación personal y sus logros con el programa Hambre Cero en su doble Gobierno. Pero, si a Al Capone le encerraron porque las cuentas con Haciendo, lo que no le cuadraban a Lula fue un «triplex» de Odebrecht en la playa, del que reniega, lo que le condenó, con sentencia firme, a estar entre rejas y le impidió participar de las últimas elecciones que colocaron a Jair Bolsonaro en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

 

Lula y los exmandatarios peruanos, por el momento, han pagado la factura más alta del escándalo Odebrecht pero eso no significa, obligatoriamente, que el resto pueda cantar victoria.

 

A Néstor Kirchner la muerte le sorprendió antes de que estallara el escándalo, pero Cristina Fernández (investigada múltiple por otras causas) y sus Gobiernos, están en el ojo del huracán de jueces y fiscales. La justicia procesó a 26 personas, la mayoría miembros de su Administración. Marcelo Odebrecht confesó haber entregado, al menos, 35 millones de dólares en sobornos, «coimas», «peajes» o «cometas» en Argentina. El efecto dominó de las obras bajo sospecha, de los doce años largos del kircherismo, arrastra a empresas ligadas al poder de antes y de ahora y no se descarta que, más tarde o más temprano, termine salpicando a algún miembro de la Administración de Mauricio Macri pero en Argentina, en este caso, pareciera que la justicia no tiene demasiada prisa.

 

No se puede decir lo mismo de Ecuador donde el ex vicepresidente Jorge Glas fue condenado a seis años de cárcel junto a su tío Ricardo Rivera. Colombia no se queda fuera de esta espiral. La constructora habría repartido once millones entre miembros de la Administración de Alvaro Uribe y las campañas de Oscar Ivan Zuluoga del 2014 y la reelección de Juan Manuel Santos. Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte y el excongresista del Partido Liberal, Otto Bula, fueron arrestados como partícipes de esta trama. Bula abrió el ventilador y declaró que un millón de dólares de los sobornos tuvieron como destino la campaña de Santos que negó todo. En Panamá el presidente Juan Carlos Valera debió salir a defenderse por las presuntas «donaciones» de Odebrecht mientras en República Dominicana, la celeridad de la Justicia se tradujo en una decena de involucrados en la carcel.

 

El caso de Venezuela es, fuera de Brasil, el más sangrante. Decenas de millones de dólares (más cerca de cien que de 90) en sobornos terminan de pintar un cuadro de corrupción, miseria y poder en el chavismo de Nicolas Maduro. La colección de puentes, subterráneos y autopistas con obras sin terminar forma parte de un paisaje, a pie o en carretera, desolador en un país que posee, en potencia, las mayores reservas de petróleo del planeta.

 

 


Las Criminales e Inaceptables Leyes de Arabia Saudita

 

Jaled Abdelkarim Saleh fue decapitado y su cuerpo crucificado en una plaza pública de Arabia Saudí. El suyo fue el desenlace más terrible, pero otros 36 presos fueron degollados el martes en seis ciudades del reino ultraconservador en la ejecución más numerosa de los últimos tres años en el país. Las víctimas eran, en su mayoría, miembros de la maltratada minoría chií y habían sido condenados por espionaje, violencia, terrorismo y participación en manifestaciones.

 

"La pena capital fue aplicada a un número de presos por adoptar ideologías terroristas extremistas y establecer células terroristas para ocasionar daños a la seguridad, así como propagar el caos y provocar la división sectaria", detalló la agencia de noticias estatal saudí SPA al anunciar la ejecución de los 37 condenados al patíbulo, una resolución que eleva a alrededor del centenar las personas que han sido ajusticiadas desde principios de 2019. 40 de ellas por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

 

Jaled Abdelkarim sufrió el mayor castigo, reservado para los delitos más graves. Además de ser decapitado como el resto, padeció la "crucifixión", un término empleado por los tribunales saudíes para referirse a la exposición pública del cuerpo tras el degollamiento. Pocos datos han trascendido de la agonía y muerte de Jaled ni de sus supuestos crímenes. Las ejecuciones tuvieron como escenario la capital Riad, las ciudades sagradas de La Meca y Medina y las villas de Al Qasim y Asir y la provincia oriental.

 

Según el activista local Fuad Ibrahim, 32 de los 37 fallecidos pertenecían a la comunidad chií y fueron arrestados por su implicación en las manifestaciones que estallaron en 2011 y 2012, al calor de la revueltas árabes y en defensa del establecimiento de una monarquía constitucional. La minoría, discriminada y vigilada de cerca por la batalla que libra Riad con Irán, se concentra en la zona oriental del país rica en petróleo, en las provincias de Al Ahsa y Al Qatif.

 

En concreto, 25 de los 37 ejecutados fueron condenados en dos macroprocesos conocidos como "Qatif 24" y "Espía Irán". El primero de los casos se refiere a las protestas y los implicados fueron condenados por asaltar patrullas y comisarías de policía con armas y cócteles molotov. La justicia saudí les acusó de formar parte de una célula terrorista. El segundo, en cambio, está vinculado a delitos de "alta traición" como reunirse con agentes de la inteligencia iraní y proporcionarles información confidencial sobre el ejército y la comunidades chiíes.

 

Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que las confesiones de los involucrados se lograron a golpe de torturas. Unas dudas que también ha arrojado este miércoles desde Ginebra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La chilena ha expresado su inquietud por la falta de garantías durante el proceso judicial y ha instado a las autoridades a que revisen la legislación antiterrorista y detengan las ejecuciones pendientes. Hay tres súbditos saudíes en el corredor de la muerte, sobre los que pesa la amenaza de una ejecución inminente, y otros 300 en proceso de ser condenados.

 

"Inevitablemente las autoridades saudíes etiquetarán a los ejecutados como terroristas y peligrosos criminales pero la realidad es que los tribunales saudíes están lejos de aplicar los procedimientos debidos y muchos de los ejecutados fueron condenados con la única prueba de unos interrogatorios que las víctimas denunciaron que habían sido obtenidos a la fuerza", subraya Michael Page, vicedirector de Human Rights Watch en Oriente Próximo.

 

Entre las irregularidades censuradas por organizaciones como la británica Reprieve, figura la presencia entre los ejecutados de tres personas que eran adolescentes en el momento de su detención. "Al menos tres de las personas ajusticiadas fueron arrestadas cuando eran menores de edad y torturadas en base a confesiones falsas. Muchos de los asesinados fueron condenados por delitos no letales como acudir a protestas", apunta Maya Foa, director de Reprieve, que tenía entre sus clientes a cinco de los fallecidos.

 

Vidas cercenadas como las de Mujtaba al Sweikat, un joven detenido en agosto de 2012 en el aeropuerto cuando se disponía a tomar un avión con destino a Estados Unidos para comenzar sus estudios en la Universidad de Western Michigan. O Munir al Adam, al que las palizas que recibió durante los interrogatorios le hicieron perder la audición en uno de los oídos. O Salman Qureish, detenido poco después de cumplir la mayoría de edad, acusado de crímenes que sucedieron cuando era aún menor y al que se le negó asistencia legal.

 

Todos, según los testimonios reunidos por Reprieve, fueron torturados y vejados, con largos períodos sometidos a confinamiento solitario o privación de sueño, hasta obtener la confesión. Algunos, como recuerda HRW, fueron acusados de "distorsionar la reputación del reino" o intentar "propagar la confesión chií". Las penas capitales fueron mantenidas en la corte de casación.

 

El año pasado Arabia Saudí ejecutó a 149 personas, según datos de Amnistía Internacional. El último gran ajusticiamiento acaeció el 2 de enero de 2016. Entonces, las autoridades decapitaron al clérigo reformista chií Nimr al Nimr junto a otros 46 condenados a muerte, acusados de terrorismo. Entre ellos, figuraban activistas chiíes; extremistas suníes y militantes de Al Qaeda. Su muerte causó una ola de indignación entre los chiíes de Oriente Próximo y provocó ataques contra las misiones diplomáticas de Riad en Irán agravando las tensiones entre los dos rivales regionales.


Siria, Poco a Poco es la Nación en Guerra a la que todos Olvidamos

 

La guerra de Siria languidece desde el pasado otoño, sin que las fuerzas gubernamentales hayan logrado avances. Las llamaradas del único frente activo reverberan en Baguz, en la frontera iraquí del valle del Éufrates, donde fuerzas kurdas del Frente Democrático Sirio (FDS) aliadas de Estados Unidos asedian desde hace cinco semanas el último reducto del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas).

 

 Centenares de yihadistas tachados de combatientes suicidas resisten todavía en un territorio rural perforado por túneles y sembrado de minas. Los temerarios peshmergas —“los que afrontan en pie la muerte”, en kurdo— mantienen la distancia. Decenas de miles de civiles han abandonado el enclave rumbo a campamentos de identificación desde comienzos de año, entre ellos viudas extranjeras de milicianos caídos con sus hijos en brazos y esclavas sexuales de la minoría religiosa yazidí.

 

El asalto final ha encontrado una resistencia encarnizada. La lucha contra el Estado Islámico y el yihadismo es el único denominador común en el que parecen haber coincidido el régimen de Damasco con la oposición, y los influyentes aliados internacionales de ambos bandos a lo largo de ocho años de guerra.

 

En un insólito bucle temporal, la pasada semana cientos de sirios airados volvieron a echarse a las calles de Deraa contra el régimen encarnado por la familia El Asad. Los habitantes de la ciudad que fue cuna de la rebelión el 15 de marzo de 2011 protestaban ahora contra la restauración de una estatua de Hafez el Asad, padre del actual presidente. En el momento del estallido del conflicto, un movimiento popular aparentemente espontáneo derribó la efigie del tirano que masacró durante tres décadas toda expresión de disidencia.

 

Su hijo Bachar llevaba ya más de diez años en el poder cuando la revuelta se extendió como un tsunami desde su foco en Deraa (sur) por todo el país árabe. Todo estalló poco después de que una decena de adolescentes fueran brutalmente torturados por la muhabarat, los servicios de inteligencia baazistas, por haberse atrevido a reproducir en la pared de un colegio las mismas consignas de la primavera árabe que entonces acababan de derribar en Egipto al dictador Hosni Mubarak.

 

La marea de manifestaciones ciudadanas se tornó en pocos meses en conflicto armado, en una interminable guerra civil que parece haber ganado el régimen de Damasco antes incluso del armisticio oficial. Bachar el Asad ha vencido, pero no ha convencido a su pueblo ni al mundo.

 

Siria entra en su noveno año de guerra marcada a sangre y fuego por al menos 370.000 muertos, decenas de miles de detenidos y desaparecidos, la escisión de un tercio de su territorio, el desplazamiento forzoso de la mitad de sus 22 millones de habitantes y arrasada por una devastación evaluada por la ONU en más de 300.000 millones de euros, que arroja a la mayoría de la población bajo el umbral de la pobreza.

 

Tras más de cinco años de exilio, el refugiado sirio Jalal Ibrahim relataba sus tribulaciones  en Ramza, al norte de Amán y en la misma línea de la frontera jordana, desde que tuvo que dejar su casa en Deraa junto con su familia. “La gente —nuestros amigos sirios, nuestros vecinos jordanos— nos ayuda en lo que puede”, reconocía este mecánico cincuentón. “Solo así podemos salir adelante en medio de la tragedia”.

 

A una decena de kilómetros de Deraa, Jordania ha reabierto hace cinco meses el paso fronterizo de Yaber. El puesto aduanero internacional es escenario ahora de largas colas de vehículos en un incipiente retorno de refugiados a Siria y que reflejan la reanudación del comercio desde países vecinos.

 

Los registros oficiales constatan que en Jordania se han instalado 670.000 sirios, aunque las autoridades de Amán creen que puede haber más de un millón. En Turquía viven 3,6 millones de sirios, y cerca de un millón se han asentado en Líbano. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que en 2019 pueden retornar unos 250.000 de los 5,6 millones de sirios expulsados de su país a causa del conflicto.

 

Deraa permaneció en manos de los rebeldes hasta el pasado verano, cuando las fuerzas gubernamentales se apoderaron del gran bastión provincial rebelde de sureste sirio. El origen popular de la revuelta que estalló en 2011 contra el clan El Asad, que acaparaba del poder desde hacía 40 años, se corresponde con el clima revolucionario que recorrió Túnez, Egipto y Libia, entre otros países, al comienzo de la década.

 

“El conflicto no fue causado por un enfrentamiento entre suníes y chiíes, sino entre colectivos e individuos favorables y otros contrarios al régimen”, advierte Haizam Amirah Fernández, investigador principal para Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. “Cierto es que la mayoría de los opositores eran suníes, pero también El Asad ha contado con grandes apoyos dentro de esa comunidad”.

 

Las raíces económicas de la guerra

 

Dos factores clave contribuyeron a desencadenar la escalada hacia la guerra. Siria sufrió cuatro años de sequías devastadoras entre 2006 y 2011. Una plaga de dimensiones bíblicas hundió la economía rural y cerca de un millón de campesinos perdieron sus tierras cultivables. La tercera parte de la población del campo se vio condenada a la pobreza, forzada a trasladarse a las ciudades en busca de medios de subsistencia. La miseria fue parte el caldo de cultivo de una revuelta brutalmente reprimida por el régimen.

 

La pugna por el control de las vías de energía hacia Europa estuvo también detrás de los intereses extranjeros que jalearon a los bandos enfrentados en la contienda civil. En el tablero regional, Siria cuenta con una posición estratégica que conecta el Mediterráneo, a través de Irak y Jordania, con los yacimientos de hidrocarburos del golfo Pérsico. Tras el conflicto de fondo entre chiíes, capitaneados por Teherán —aliados del régimen en el campo de batalla—, y las monarquías suníes —que respaldaron a la oposición—, subyacía la injerencia de los promotores de dos proyectos de gasoductos antagónicos —el de Irán y el de Qatar— a través de suelo sirio.

 

El Gobierno de Damasco controla hoy cerca de un 70% del territorio del país, que incluye las zonas más pobladas y de mayor riqueza. El régimen parece haber culminado su campaña para dominar la llamada ‘Siria útil’: la capital, la costa y los corredores que enlazan las grandes ciudades en su poder.

 

Todavía se le resiste un territorio en forma de bumerán en el noreste del país, dominado por las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), coaligadas con grupos rebeldes árabes en las FDS. Protegidas por Estados Unidos, dominan un territorio rico en recursos: el valle del Éufrates, atravesado por el principal río del país, y los yacimientos de petróleo de Deir Ezzor.

 

También sigue activa la insurgencia suní islamista en la provincia noroccidental de Idlib, último gran feudo opositor. Cerca de tres millones de civiles —la mitad de ellos desplazados desde antiguos bastiones rebeldes— se han atrincherado junto a unos 30.000 insurrectos, de los que una tercera parte son yihadistas próximos a Al Qaeda del grupo Hayat Tahrir al Islam.

 

Turquía y sus milicias sirias asociadas se han asentado en los dos últimos años a lo largo de una franja del norte del país —desde el cantón de Afrin, arrebatado por las armas a los kurdos hace un año, y el río Éufrates—, para impedir que las milicias del YPG, acusadas de alentar el terrorismo por el Gobierno turco, controlen toda la frontera común.

 

“En Siria se libra una miniguerra mundial, que está lejos de dirimirse. A pesar de la victoria del bando prorrégimen, la paz está muy lejos de alcanzarse. Precisamente, ese carácter de miniguerra mundial es lo que hace altamente compleja cualquier solución política al conflicto”. resalta el analista Haizam Amirah.

 

La perla del desierto, Palmira, ciudad monumental declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por sus restos arqueológicos, fue ocupada dos veces por los yihadistas del Estado Islámico. Antes de la guerra albergaba a más de 80.000 personas, de las que ahora apenas quedan unas decenas de familias. La destrucción generalizada y la bancarrota económica hacen inviable el retorno de la mayor parte de los refugiados y desplazados. Infraestructuras, viviendas, escuelas, hospitales y fábricas han colapsado tras ocho años de guerra. Es el precio pagado por la estrategia de tierra quemada dejada por los barriles bomba lanzados desde helicópteros del Ejército sirio y por los misiles disparados por la aviación rusa.

 

El propio Bachar El Asad, que ve amenazada la supervivencia del régimen por la bancarrota del país, ha reconocido recientemente que es un error dar por terminada la guerra. Ahora teme sobre todo las consecuencias del bloqueo económico y de las sanciones impuestas por Occidente y el embargo de los países árabes suníes.

 

“El bloqueo es una batalla que se está intensificando ahora”, advirtió el presidente sirio. Estados Unidos y la Unión Europea están estrechando el cerco al régimen con nuevas sanciones a altos cargos, hombres de negocios, empresas y entidades. A pesar de haber torcido el brazo del régimen de El Asad, la presión no ha arrancado contrapartidas.

 

“Es preciso definir un levantamiento gradual y selectivo de las sanciones, sector por sector”, sostiene un estudio de Syria Comment, publicación editada por el profesor estadounidense Joshua Landis, uno de los principales expertos en el conflicto sirio. “A cambio, cabe exigir concesiones políticas sobre la situación de los detenidos, el retorno de los refugiados y la reversión de las expropiaciones forzosas que han sufrido los desplazados”, precisa.

 

EE UU y Europa ya han advertido de que no contribuirán a la reconstrucción de Siria mientras no se reanuden las negociaciones entre el régimen y la oposición. Pero la vía de una salida dialogada sigue cerrada por ahora, desde que Rusia, junto con Irán y Turquía, dieron la espalda al proceso de conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas en Ginebra. Los tres países han favorecido un foro diplomático propio en Astaná, la capital de Kazijistán, desde donde han dictado las reglas de juego del conflicto en los dos últimos años. El anterior mediador de la ONU, el veterano diplomático Staffan di Mistura, tiró la toalla a finales de 2018 tras comprobar que Moscú, Teherán y Ankara boicoteaban todos los intentos de pactar un reforma constitucional y abrir un proceso electoral.

 

Las sangrientas batallas marcaron hitos en los primeros años del conflicto sirio. Ciudades enteras como Homs cayeron en manos de la rebelión respaldada por países occidentales y árabes suníes, mientras las fuerzas de El Asad retrocedían. La destrucción sufrida en los bombardeos masivos para reconquistar zonas urbanas, como la de Guta Oriental (periferia de Damasco) el año pasado, evoca la devastación causada por batallas como la de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial.

 

La ofensiva del Estado Islámico a ambos lados de la frontera sirio-iraquí en junio de 2014 alteró por completo la deriva de la contienda. La proclamación del califato, en Mosul (norte de Irak) y Raqa (noreste de Siria), fue el desencadenante de la intervención directa de Estados Unidos en el conflicto. Tres meses más tarde, Washington se puso al frente de una coalición internacional para bombardear desde el aire a los yihadistas. Pero el avance contra el ISIS solo pudo progresar sobre el terreno gracias a los combates cuerpo a cuerpo de la alianza kurdo-árabe FDS.

 

A pesar de las reticencias del presidente Barack Obama, que intentó evitar durante sus dos mandatos la implicación militar directa de EE UU en un nuevo escenario bélico tras los fiascos de Afganistán e Irak, el Pentágono tuvo que acabar enviando tropas. Hasta 2.000 miembros de las fuerzas especiales acudieron en apoyo de sus aliados kurdos. Tras la radical decisión de Donald Trump de retirar a todas sus tropas de Siria el pasado diciembre, EE UU ha decidido finalmente que permanezcan al menos 200 militares en Siria.

 

En Israel, el país vecino con el que Siria sigue técnicamente en guerra desde hace medio siglo, Amos Harel, analista militar del diario Haaretz,considera que el Gobierno hebreo ha jugado la baza de intentar prolongar el conflicto sirio al máximo. “Se benefició del hecho de que los bandos enfrentados fueran también enemigos de Israel”, explica, “por eso prefirió que se mantuvieran ocupados en sus propias peleas”.

 

Mediado el conflicto, en el verano de de 2015, el Ejército leal a El Asad se encontraba acorralado por la rebelión y solo dominaba una cuarta parte del territorio del país: Damasco, algunas ciudades y la provincia costera de Lataquia, de donde es originaria la familia El Asad. El despliegue de la aviación rusa en septiembre de ese mismo año dio un vuelco completo al conflicto. Moscú intentaba salvaguardar sus principales activos en Siria: el aeródromo militar de de Hmeymin y el puerto militar de Tartus, sus únicas bases en el Mediterráneo.

 

Los cazabombarderos rusos cumplieron a rajatabla la misión encomendada por el presidente ruso. La misma estrategia de tierra quemada empleada por Vladímir Putin en Chechenia 15 años atrás para doblegar una rebelión islamista en el Cáucaso. Sobre el terreno, la Fuerza Al Quds, cuerpo expedicionario de la Guardia Revolucionaria Iraní, la milicia libanesa Hezbolá y combatientes chiíes iraquíes y afganos fueron sus tropas de choque.

 

La intervención militar rusa también propició otro giro radical a la guerra: la conquista de Alepo oriental, donde la oposición llego a tener su mayor bastión urbano. La derrota insurgente, en diciembre de 2016, fracturó definitivamente el país y dejó al régimen sujeto a la tutela de Moscú y Teherán. Los bombardeos aéreos rusos hicieron saltar por los aires la resistencia insurgente y brindaron a El Asad su mayor victoria.

 

La caída del Alepo rebelde se produjo precisamente durante la transición en el poder en EE UU entre la presidencia del demócrata Obama, que había apoyado con reservas a algunos grupos insurgentes, y la del republicano Trump, que ha circunscrito la acción militar a la lucha contra el ISIS.

 

En agosto de 2013, cuando se encontraba acorralado por una ofensiva de la oposición en Damasco, el régimen de El Asad fue acusado de lanzar un ataque con gas sarín que causó al menos un millar de muertos en la comarca rebelde de Guta Oriental. Entonces se libró del castigo militar estadounidense por la mediación de Moscú. A cambio, la comunidad internacional le impuso la entrega de su arsenal químico. Aparentemente, no todas las armas prohibidas fueron destruidas. En abril de 2017, en la localidad rebelde de Jan Sheijun (provincia de Idlib), y en el mismo mes del año pasado en la martirizada comarca de Guta, se repitieron las acusaciones de ataques con gases tóxicos. En ambas ocasiones, la Casa Blanca ordenó una respuesta de castigo con misiles.

 

En la guerra civil de Siria se han cruzado todos los límites del derecho internacional contra la población civil. La desesperación de un país arruinado y dividido tardará generaciones en olvidarse. El Asad reaccionó de manera brutal ante las protestas de la oposición en plena primavera árabe. La intervención de potencias globales y regionales en el conflicto agravó la tragedia de Siria, que se precipitó en la brecha de una guerra civil con rasgos de contienda global. Como concluye el investigador del Real Instituto ElcanoAmirah Fernández, “el régimen ha explotado —con gran éxito para su propia supervivencia— las divisiones sectarias de la sociedad siria, alimentando miedos y fomentando la desconfianza del otro”.